En un escalofriante informe publicado este viernes por la organización Laboratorio Electoral, se reveló que al menos 16 políticos que buscaban un cargo de elección popular en las elecciones programadas para el 2 de junio próximo en México han sido asesinados. Los lamentables sucesos se registraron entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024.
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El informe detalla que se han documentado un total de 50 casos de violencia electoral, entre los cuales 33 corresponden a asesinatos de políticos. De estos, 16 eran aspirantes o precandidatos a cargos públicos en las elecciones de 2024, siendo la mayoría (5) afiliados a Morena.
Candidatos afectados
El análisis revela que, de los políticos asesinados, cuatro pertenecían al PAN, tres a Movimiento Ciudadano, dos al PRD y uno al PRI. La violencia política se ha extendido por 13 de las 32 entidades del país, destacando Guerrero como el estado con la mayor incidencia (8 casos), seguido por Veracruz (5) y Michoacán (5).
El reporte subraya que, similar a los procesos electorales anteriores, la violencia se centra en el ámbito municipal, donde 13 de las 16 personas asesinadas buscaban ser candidatas a una presidencia municipal.
“Votar en balas”
Este preocupante panorama se suma a las cifras del monitoreo “Votar Entre Balas” de Data Cívica, que documentó 574 agresiones político-criminales en 2023, convirtiéndolo en el año más violento en cinco años.
Cabe destacar que el informe de Laboratorio Electoral se presenta un día después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) acordara con las autoridades de seguridad del Gobierno un nuevo “Plan de Seguridad para candidatas y candidatos”. Este plan categoriza a los aspirantes a cargos públicos en las próximas elecciones de junio en zonas de riesgo baja, media y alta.
Con la proximidad de las elecciones más grandes de la historia de México, programadas para el 2 de junio, con más de 97 millones de ciudadanos llamados a renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado y nueve Gobiernos estatales, la atención se centra en garantizar la seguridad y la integridad de los candidatos y el proceso democrático en su conjunto.
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