Abogados denuncian extorsión gubernamental
“La extorsión ya no solo proviene del crimen organizado; también nace desde el propio gobierno”. Así lo sentenció la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, al advertir que México enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: miles de ciudadanos y comercios están atrapados entre delincuentes y funcionarios que, asegura, han normalizado el abuso como herramienta de presión.
Contenido
En una conferencia que encendió focos rojos en el Congreso, la senadora por Quintana Roo afirmó que la nueva Ley General de Extorsión debe atender el problema de raíz. De lo contrario —advirtió— podría convertirse en otro marco legal “bonito en el papel, pero inútil en la práctica”, mientras las víctimas siguen sin protección y el delito continúa extendiéndose en todo el país.
Extorsión Institucional: “No solo viene del crimen, también del gobierno”
Martínez Simón señaló que la extorsión en México dejó de ser un fenómeno exclusivo del crimen organizado y ahora se reproduce dentro de áreas gubernamentales, desde ayuntamientos hasta dependencias federales.
“En ningún estado la extorsión se limita ya al crimen. También vemos a funcionarios públicos participando en estas prácticas, desde áreas de fiscalización municipal hasta inspecciones de la COFEPRIS”, denunció.
La legisladora insistió en que la extorsión institucional ha escalado a niveles preocupantes y se normaliza en distintas capas del gobierno.
“Estamos hablando de la Federación, de gobiernos estatales y municipales. La extorsión está por todas partes”, afirmó.
Riesgo en el dictamen: “No podemos homologar penas a la baja”
Sobre el avance del dictamen para la Ley General de Extorsión, Martínez advirtió que varios estados —entre ellos Quintana Roo— ya contemplan penas más severas que las proyectadas inicialmente a nivel federal. Homologarlas a la baja, señaló, podría convertirse en una puerta para que personas sentenciadas busquen reducir sus condenas, lo que calificó como “perjudicial e irresponsable”.
De manera preliminar, se analiza elevar las sanciones a rangos de 15 a 25 años, con agravantes que podrían llegar hasta 47 años. Bajo ese escenario, el PAN estaría dispuesto a respaldar la iniciativa siempre que no debilite la persecución del delito.
Un delito que ya cobra vidas y aísla a las víctimas
La senadora recordó que la extorsión ha derivado en ataques directos contra negocios, restaurantes y comercios, además de pérdidas humanas cuando las víctimas se niegan a pagar.
“Imaginemos a un dueño de un pequeño local, o incluso un vendedor ambulante, al que le piden dinero y sabe que su vida está en riesgo. Por supuesto que no va a denunciar”, señaló.
Por ello, exigió al Gobierno federal y a los gobiernos estatales crear condiciones reales para que las víctimas puedan denunciar sin miedo.
“Las mujeres jefas de familia, los pequeños comerciantes, la gente que abre un negocio con esfuerzo… están solos frente a delincuentes y también frente a funcionarios extorsionadores”, lamentó.
En su señalamiento más fuerte, acusó que la delincuencia opera con total impunidad. “Hoy pareciera que quienes gobiernan son la delincuencia organizada, bajo el manto del cártel de Morena”, sostuvo.
Martínez Simón remató que cualquier ley que no venga acompañada de acción real será letra muerta.
“El papel aguanta todo. Lo que necesitamos es que deje de existir este delito que se vive en Quintana Roo, en Veracruz, en Baja California y en todo México”, concluyó.
También te puede interesar: Colegio de Abogados activa ayuda legal para detenidos y lesionados de la marcha
