La iniciativa de reforma electoral constitucional buscaba fundamentalmente la austeridad y la democratización de los órganos electorales. Pero la oposición atizada por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), quien no ha jugado como árbitro imparcial de las elecciones en México. Y es reconocido internacionalmente como uno los más dispendioso del mundo influyó para la no obtención de la mayoría de los votos necesarios en el Congreso.
Cabe mencionar además que, de las personas opositoras a las propuestas del ejecutivo y aprobadas por el congreso, pocas conocen el contenido de éstas por la insuficiente difusión mismas.
Esta “burocracia dorada”, además de sus anticonstitucionales sueldos y prestaciones, cuenta con presupuesto para tintorería, comidas, gimnasios, vuelos en primera clase, gastos médicos, entre otras inimaginables prestaciones cubiertos por el erario.
El denominado Plan B, que surge como respuesta a la no aprobación de la Reforma Constitucional Político Electoral y tampoco ha sido suficientemente difundido. Es por esto, que nos proponemos dar cuenta aquí de las principales modificaciones propuestas.
Modificaciones propuestas en la reforma electoral.
Se plantea combatir las prácticas de compra de votos, así como reducir el presupuesto al INE y disminuir los recursos asignados a los partidos políticos. También se garantiza el voto a poblaciones vulnerables, como las personas en prisión preventiva y con dificultades de movilidad por discapacidad. La regulación de las cuotas de paridad de género y, dar cumplimiento al artículo constitucional que determina que nadie ganar más que el presidente de la república.
Así mismo, determina que la información del listado nominal de electores en el extranjero sea validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desaparece la cláusula de “vida eterna”, relacionada con la transferencia de votos de partido a partido con la finalidad de evitar que pierdan su registro. Entre otros indispensables cambios.
La “burocracia dorada” bajo el lema de “El INE No Se Toca”, engañó a los ciudadanos con la afirmación de que la institución electoral era en sí misma la democracia. Y, por lo tanto, cualquier cambio a sus leyes y reglamentos, dañaría la incipiente democracia de nuestro País. No omito recordar, que las actuales autoridades del INE estuvieron involucradas en serias irregularidades en diversos procesos electorales.
Surgieron múltiples amparos contra el Plan B, en especial de los propios funcionarios del INE que buscan por todos los medios mantener sus privilegios. Los amparos fueron admitidos por el poder judicial y, la tan deseada y necesaria reforma se encuentra en una verdadera crisis.
Ese poder judicial mexicano, tan desacreditado, que en algunos países es mencionado como “el partido judicial”, ha obstaculizado sistemáticamente a los objetivos que fueron ampliamente votados en 2018, mostrando su actitud antidemocrática.
Sin embargo, la reforma político electoral, al igual que la reforma judicial, llegará en algún momento a ser realidad. Para que los mexicanos avancemos en el logro de una sociedad más justa y democrática.
Nuestro País se merece un Instituto Nacional Electoral imparcial y un poder judicial que de verdad procure justicia. Hago votos para que así sea.
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