Ciudad de México.— En un paso clave para mejorar el acceso a la justicia en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración que busca transformar la forma en que las instituciones atienden los casos de violencia contra mujeres.

En este acto participó la diputada Paola Moreno, quien destacó la importancia de conectar los esfuerzos locales con una estrategia nacional que permita resultados reales.
El problema no es la ley, sino cómo se aplica
El acuerdo parte de una realidad preocupante: en México, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Aunque existen leyes y protocolos, muchas veces las víctimas enfrentan procesos lentos, revictimización y falta de coordinación entre instituciones, lo que limita el acceso efectivo a la justicia.

¿Qué cambia con este convenio?
El objetivo principal es que las instituciones trabajen de manera coordinada para:
- Mejorar la atención a víctimas
- Unificar criterios con perspectiva de género
- Reducir tiempos y obstáculos en los procesos
- Garantizar rutas claras para acceder a la justicia
En la práctica, se busca pasar de un sistema complicado y fragmentado a uno más accesible, sensible y eficiente.
Un esfuerzo conjunto a nivel nacional
El acuerdo fue impulsado por la secretaria Citlalli Hernández Mora y contó con la participación del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, así como de autoridades federales y estatales.
También destacó la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, fortaleciendo la coordinación entre estados y el gobierno federal.
Buscan una justicia que realmente funcione
Más allá de crear nuevas leyes, este convenio apuesta por hacer que el sistema funcione en la práctica, evitando que las mujeres enfrenten solas procesos complejos.

Además, contempla el uso de datos para identificar fallas, mejorar tiempos de respuesta y diseñar políticas públicas más efectivas.
Hacia un cambio real
Este acuerdo representa un intento por avanzar hacia un modelo de justicia más humano y cercano, donde las instituciones respondan de manera más clara y eficiente.
En un país donde la violencia de género sigue siendo un desafío, el objetivo es claro: que la justicia deje de ser un proceso complicado y se convierta en una garantía real para todas las mujeres.
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