El director general de Aguakan, Paul Rangel, se refirió por primera vez a la consulta ciudadana realizada en 2022, según la cual la ciudadanía votó por cancelar la concesión a la empresa que opera los servicios de agua potable y alcantarillado en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y Solidaridad.
En declaraciones hechas durante el programa de Ciro Gómez Leyva en radio Fórmula México, Rangel calificó la consulta como “totalmente amañada” y no vinculante para la empresa.
Al directivo la abrieron los micrófonos, luego de que solicitó su derecho de réplica a las declaraciones que un día antes había realizado la secretaria general de gobierno Cristina Torres Gómez, quien entre otras cosas afirmó que con la suspensión definitiva lograda por Aguakan con un amparo en contra de la cancelación del decreto de ampliación de concesión, ésta no significa que haya ganado el litigio.
También mencionó que la empresa Aguakan hizo “un pago extraño” al gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de la ampliación de la concesión.
Declaraciones de AMLO sobre concesión de Aguakan provocó la respuesta
La llamada de Paul Rangel a radio Fórmula ocurrió unos minutos después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia de prensa que se debe cancelar la concesión a Aguakan.
Rangel dijo que recibió informes sobre las declaraciones del presidente, pero no las conocía de manera directa, por lo que se abstuvo de opinar.
Sin embargo, afirmó que Aguakan se conducirá siempre por la vía de la legalidad. Destacó que la ampliación de la concesión empezó a correr desde el momento en que se otorgó, en noviembre de 2014.
“En 2014, nos autorizaron la ampliación anticipada de la concesión a la que teníamos derecho, cumpliendo con todos los requisitos necesarios”, subrayó.
Aunque Cristina Torres afirma que en su momento faltó documentación, lo que hace desde su punto de vista ilegal la ampliación de la concesión, el directivo de Aguakan subrayó que todos los documentos fueron presentados.
También aclaró que la concesión de la ampliación comenzó a operar desde 2014, pues se incluyó la modificación del título de concesión, y todos los términos, como la expansión al municipio de Solidaridad, empezaron a correr a partir de 2014, no a partir de 2024, como dicen sino que inició hace nueve años, surtiendo efecto y operando desde entonces.
Además, en 2014 también se hicieron modificaciones inmediatas en las contraprestaciones, las cuales se han pagado regularmente.
Indicó que Aguakan es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y por tanto toda su información y manejo tiene que ser transparente, por lo que negó que hubiera habido un “pago extraño”.
Al respecto, Rangel explicó que se trató de una contraprestación de cerca de 100 millones de dólares, alrededor de $1,080 millones de pesos al tipo de cambio de ese entonces, cuyo pago fue “debidamente documentada y conocida por todas las partes involucradas y lo informamos a la Bolsa Mexicana de Valores”.
“Si ese dinero desapareció, es algo que el gobierno debe investigar”, sostuvo.
“Toda la información de Aguakan es pública y entregamos reportes periódicos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), nuestro regulador, para evaluar el servicio, aunque durante mucho tiempo ellos no realizaron las evaluaciones. Sin embargo, nosotros nunca dejamos de cumplir nuestra responsabilidad de informarles y de tomar decisiones con ellos”, señaló.
“De hecho, recientemente trabajamos con ellos, logrando la aprobación del nuevo Plan Quinquenal”, enfatizó.
En relación con la consulta ciudadana promovida en 2022 por la senadora morenista Marybel Villegas Canché, quien como diputada local del PRI aprobó la ampliación de la concesión, Paul Rangel dijo que ese ejercicio “lo consideramos totalmente amañado, no es vinculante a nosotros y no justifica una terminación unilateral del contrato y mucho menos sin indemnización, como se pretende”.
“Si te preguntan si a partir de mañana quieres dejar de pagar el agua, pues vas a decir que sí. Si te preguntan si te gustaría no pagar la luz, dirás que sí, pero no por eso tiene que desaparecer la CFE”, enfatizó.
Respecto a las quejas en contra de su servicio, dijo que a pesar de las menos de 80 quejas en Profeco el año pasado, “emitimos cerca de 6 millones de boletas , representando un .001% de quejas en comparación con el servicio brindado”.
“Reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y continuaremos atendiendo a la ciudadanía con legalidad.
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