Ciudad de México, 13 de septiembre de 2023 – La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) hizo pública su preocupación este miércoles ante la asignación de presupuesto para proyectos de fracking en el año 2024.
A pesar de las declaraciones previas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que aseguraba la prohibición de esta práctica, el presupuesto contempla dos proyectos relacionados con la extracción de hidrocarburos mediante fracking, con una inversión de 4 mil 63 millones de pesos.
Si bien es cierto que se ha reducido en un 50 por ciento la asignación de recursos para el fracking en comparación con el año 2023, cuando se destinaron 8.208 millones de pesos (478 millones de dólares), la AMCF considera que esta disminución no es suficiente y aboga por la prohibición completa de esta técnica extractiva, la cual consideran riesgosa y contaminante.
Desde 2019, la AMCF ha observado la asignación de presupuesto para dos proyectos que involucran el fracking: “Aceite Terciario del Golfo (ATG)“ y “Aceite y Gas en Lutitas”. Estos hechos contradicen las promesas anteriores del presidente López Obrador de prohibir esta práctica.
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La AMCF ha expresado su preocupación por el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha ejercido el 55 % de los recursos asignados a proyectos de fracking en el país. Además, en 2020, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) confirmó la existencia de seis asignaciones petroleras con planes de exploración en yacimientos no convencionales, incluyendo la perforación de al menos 27 pozos horizontales mediante fracking.
La organización argumenta que, a pesar de estas contradicciones, la actual Administración aún tiene tiempo para cumplir con la promesa de prohibir esta tecnología, ya que le quedan 12 meses para emitir un decreto o ley al respecto.
La AMCF también ha subrayado las preocupaciones ambientales asociadas con el fracking, incluyendo el uso intensivo de agua, la contaminación del agua y el subsuelo con sustancias químicas tóxicas, fugas y derrames, así como emisiones que afectan el aire y la tierra.
Estas actividades no solo comprometen la disponibilidad de agua en un país con estrés hídrico como México, sino que también impactan negativamente en la salud de la población y el medio ambiente, incluyendo la sismicidad inducida.
La AMCF concluye que el fracking afecta los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la tierra, al territorio, a la alimentación y a la vivienda adecuada para la población y hace un llamado a la acción para prohibir esta práctica en el país.
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