El coordinador del PAN en el Senado alertó sobre disposiciones que, según él, abren la puerta al autoritarismo, espionaje y vulneración de datos personales.
El PAN reconoce avances pero alerta sobre artículos preocupantes
Ciudad de México.— Aunque reconoció avances en la discusión de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de las y los senadores del PAN, advirtió que aún existen artículos que podrían poner en riesgo las libertades ciudadanas.

“Sería ingenuo y equivocado echar las campanas al vuelo y celebrar”, expresó durante su participación en el Tercer conversatorio para el análisis del dictamen.
Uno de los avances que destacó fue la eliminación del “tóxico artículo 109”, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales por parte del gobierno. No obstante, afirmó que todavía hay aspectos igual o más graves dentro del proyecto legislativo.
Señala intención del oficialismo de apresurar aprobación
Anaya sostuvo que el bloque oficialista busca aprobar la ley en un periodo extraordinario, sin abrir completamente el debate público.
“Todo indica que pretenden que esto se convierta ya en una ley, y entonces sí no tendrá marcha atrás”, alertó.

Pidió poner atención especial al artículo 8 fracciones 62 y 64, y al artículo 216 fracción II, por considerar que otorgan facultades excesivas a la Agencia de Transformación Digital.
Poder de suspensión inmediata: “propio de un régimen autoritario”
El senador panista enfatizó que el artículo 216 permite a esta agencia ordenar la suspensión inmediata de cualquier transmisión, lo que consideró un acto autoritario.
“Eso es gravísimo, eso es propio de un régimen de corte autoritario”, afirmó.
En cuanto a la fracción 64 del artículo 8, denunció que se busca revivir el registro de usuarios de telefonía móvil, a pesar de que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya lo había declarado inconstitucional.
“Ahora le dan a la Agencia la facultad de establecer los lineamientos, y eso abre la puerta al uso de datos biométricos y a la invasión de la privacidad”, subrayó.

Riesgo de espionaje, extorsiones y geolocalización sin orden judicial
Anaya advirtió que las disposiciones actuales podrían vulnerar la privacidad de millones de personas, al permitir el rastreo en tiempo real de sus dispositivos móviles sin orden judicial.
“¿Quieren que el gobierno sepa en todo momento dónde están? Eso no es propio de una democracia”, remarcó.
También alertó sobre la posibilidad de que grupos delictivos accedan a información personal, lo cual aumentaría el riesgo de extorsiones masivas.
Inquietud por concentración y falta de autonomía
Finalmente, criticó que el nuevo órgano propuesto para regular las telecomunicaciones no será autónomo, sino subordinado a la Agencia de Transformación Digital.
“Pasamos de tener un órgano constitucional autónomo a uno subordinado, sin reglas claras para la designación de comisionados ni garantías de independencia”, concluyó.
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