Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- En una sesión de más de tres horas marcada por un debate intenso, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con mayoría de votos el dictamen de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La iniciativa, que modifica disposiciones constitucionales para reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, recibió 11 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, y 13 a favor contra 6 en la Comisión de Estudios Legislativos, con la notable ausencia del Partido del Trabajo.
El proyecto será turnado al pleno del Senado para su discusión final, acompañado de reservas y votos particulares presentados por legisladores de diversas bancadas. Se espera que sea este miércoles en sesión ordinaria cuando se someta a votación del pleno.
“El pueblo pone, el pueblo quita”
Los legisladores de Morena el y Partido Verde defendieron la reforma como un paso necesario para consolidar la democracia participativa y la austeridad republicana.
El senador Miguel Pavel Jarero Velásquez (Morena) sostuvo que “no hay transformación si no hay modificaciones al marco constitucional”, y afirmó que los cambios buscan “homologar criterios salariales” y que los ahorros se destinen “a apoyar necesidades del pueblo”. Destacó que “el poder está en el pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita”.
La senadora Verónica Díaz Robles (Morena) celebró la aprobación de lo que llamó “26 reformas constitucionales” impulsadas por la mayoría, y aseguró que la iniciativa “profundiza la transformación” y traduce la austeridad “en bienestar para todos”.
Por el Partido Verde, el senador Luis Alfonso Silva Romo defendió la reforma señalando que “los conservadores nunca han confiado en la voluntad popular” y calificó los cinco mil millones de pesos que se prevé ahorrar como un recurso suficiente para “138 mil pensiones bienestar al año”.
“Trampa burda” y ataque al federalismo
La oposición, encabezada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificó la iniciativa como un mecanismo para otorgar ventajas electorales a la presidenta y vulnerar la autonomía estatal.
El senador Marco Cortés Mendoza (PAN) señaló que la reforma “no elimina privilegios, los amplía”, porque “le da el privilegio a la presidenta de la República de ir a hacer campaña con recursos públicos”. Advirtió que la iniciativa evita atender los problemas reales de la democracia como “la sobrerrepresentación y la intervención del crimen organizado”.
El senador Ricardo Anaya Cortés (PAN) calificó el proyecto como “la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha” enviada por la presidenta, y denunció una “trampa descarada” porque, mientras la mandataria podrá promover su revocación, “a la oposición nos amarran las manos” al prohibir la contratación de propaganda.
La senadora Mayuli Martínez Simón (PAN) denunció que la iniciativa busca “regresar a sistemas en donde ustedes (Morena) inclusive han criticado una y otra vez” y acusó a Morena de querer “deshacerse de ese sistema porque se quieren afianzar en el poder”. Subrayó que la revocación de mandato quedó “disfrazada con una ratificación de mandato” al permitir que la persona sujeta a revocación “promueva el voto a su favor” mientras “los demás se callen”.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) criticó duramente la afectación al federalismo: “la federación no puede convertirse en administradora de las haciendas locales”. Advirtió que los transitorios de la reforma violentan los principios republicanos al imponer topes presupuestales a congresos locales y ayuntamientos.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que la iniciativa “traiciona en el articulado” los principios que invoca. Alertó que la reforma permite que la titular del Ejecutivo “promueva el voto a su favor”, lo que rompe con “el principio de equidad en la contienda”.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) señaló que la reforma es el “quinto intento de Morena por vulnerar la democracia” y destacó que, lejos de atender problemas de fondo, pretende que la presidenta “participe abiertamente para favorecer a Morena en las elecciones de 2027”.
Durante el debate, la senadora Martha Lucía Mícher (Morena) presentó una enmienda de última hora para incorporar en la exposición de motivos los principios de paridad horizontal y vertical, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en el ámbito municipal y legislativo local, lo cual fue aprobado por las comisiones.
La senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) adelantó que presentará una reserva para que los recursos ahorrados por la reducción de regidores se etiqueten prioritariamente para seguridad pública municipal.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen será discutido en el pleno del Senado. Las bancadas opositoras anunciaron que votarán en contra, mientras que Morena y sus aliados confían en ratificar la mayoría para turnar la reforma a los congresos estatales.
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