El inédito proceso de elección popular de jueces y magistrados en México ha abierto una profunda fractura en el Poder Judicial, con duras críticas de juristas y operadores de justicia que ven en este mecanismo una amenaza a la independencia judicial y un retroceso en los avances profesionales alcanzados.
Críticas a la politización de la justicia
Desde que arrancó el periodo de campañas, voces autorizadas del mundo jurídico han alzado la voz para advertir sobre los riesgos de transformar la justicia en un concurso de popularidad. El constitucionalista Francisco Burgoa lo expresó sin tapujos: “Lo que estamos viendo no es un examen de capacidad técnica, sino una competencia para ver quién demuestra mayor lealtad política”.
La magistrada María Emilia Molina, con una larga trayectoria en el Poder Judicial, compartió en redes sociales su desencanto: “Duele ver en lo que se está convirtiendo la justicia. Algunos eligen ser parte de este circo, yo prefiero mantener mis principios”. Sus palabras reflejan el malestar de muchos jueces que se negaron a participar en lo que consideran una simulación democrática.
Impacto en los avances de género
Uno de los aspectos más polémicos ha sido el efecto en la equidad de género dentro del sistema judicial. La jueza Martha Magaña denunció cómo mujeres que rompieron techos de cristal a través de años de estudio y evaluación profesional ahora ven sus plazas puestas en disputa. “La verdadera equidad no se construye sobre los logros arrebatados a otras mujeres”, afirmó con visible indignación.
Este cuestionamiento llega en un momento en que el Poder Judicial había logrado avances significativos en paridad de género, con mujeres ocupando el 49% de los cargos jurisdiccionales de alto nivel según datos del 2023.
Cuestionamientos al proceso electoral
El formato de la elección ha generado múltiples objeciones:
- La jueza Reyna Rodríguez criticó la “deshumanización” de reducir a los candidatos a números en las boletas electorales
- El académico Luis Carlos Ugalde calificó el proceso como “el ejercicio electoral más complejo y a la vez más inútil”
- Más de 50 suspensiones judiciales contra el proceso han sido ignoradas por las autoridades
Lo que está en juego
Detrás de la retórica sobre “justicia expedita”, muchos ven el riesgo real de sustituir criterios técnicos por afinidades políticas. Como señaló un grupo de jueces federales en un comunicado: “Estamos ante la demolición controlada de tres décadas de profesionalización judicial”.
Con más de 1,800 cargos en juego, la elección judicial avanza entre cuestionamientos sobre su legitimidad. Lo que se decide no son sólo puestos, sino el modelo mismo de justicia que regirá en México en los próximos años.
El verdadero veredicto sobre este experimento judicial quizá no se conocerá el día de la elección, sino años después, cuando se evalúen sus efectos en la calidad y autonomía de las decisiones judiciales que afectan la vida de millones de mexicanos.
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