Durante la comparecencia del secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero, ante el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Isaac Janix Alanis y otros diputados locales, trascendió que la deuda de la dependencia estatal pasó de 30 millones de pesos en 2020 a más de 600 millones para el 2021, administrado por el ex secretario Alberto Capella Ibarra.
En los documentos presentados por el actual jefe policiaco, se dejó claro que en 2017 la deuda de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública era de 4.35 millones de pesos (mdp), durante el 2018 se incrementó a 16.20 mdp, al siguiente año 15.66 mdp, mientras que en el 2020 se elevó al doble, 30.66 mdp.
La deuda de la Policía Estatal súbitamente subió a 615.49 millones de pesos en el 2021, cabe mencionar que, en noviembre de ese año, Capella Ibarra renunció a su cargo como secretario estatal de Seguridad Pública, mientras que en el 2022 se endeudó a la dependencia por otros 288.28 mdp, este último año a cargo de Lucio Hernández Gutiérrez.
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Exorbitante deuda
En el documento mostrado a los diputados, se dio a conocer una deuda total actual de 970.67 millones de pesos, dejando a la Secretaría con un saldo disponible del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de tres millones 61 mil 116 pesos.
Mientras que del recurso estatal se cuenta con un saldo disponible de 42 millones 491 mil 148 pesos, de dos mil 318 millones 25 mil 20 pesos aprobados para ejercer durante el 2022.
Ante los impactantes números de deuda, la diputada Susana Hurtado cuestionó sobre en qué se gastó tanto dinero, así como los cargos y sueldos asignados al ex secretario Capella Ibarra y todos los elementos que trajo de Morelos; Oyarvide Pedrero respondió que había elementos con sueldo de 16 mil pesos, no explicando si quincenal o mensual, además agregó que existen cargos “raros”
El secretario Oyarvide agregó que parte del endeudamiento fue por pagarle a la empresa foránea FM Gastronomía, encargada de dar alimentos a las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social, que por cierto todavía se le deben al menos 120 millones de pesos.
El diputado Hugo Alday, también cuestionó sobre a quién pertenecen las cámaras y equipo instalado en el C5, pues dijo desconocer si es rentado o propiedad del Estado.
“No son del Estado, porque es equipo que todavía se debe por casi mil millones de pesos a diversas empresas que participaron en el proyecto”.
Respondió Oyarvide Pedrero.
