El homicidio de Felipe “N”, conocido como “Pipo” y coordinador de mototaxis en Villas Otoch Paraíso, ocurrido la noche del pasado 5 de mayo, fue resultado de una venganza familiar y no de un ajuste de cuentas relacionado con la delincuencia organizada, como inicialmente se especuló.
De acuerdo con la Policía Ministerial, las investigaciones apuntan a que el crimen fue perpetrado por Francisco “N”, alias “Frank”, de 51 años, y su hijo Héctor Daniel “N”, de 25, ambos mototaxistas originarios de Tabasco.
Los dos fueron detenidos durante un operativo en la misma zona donde ocurrieron los hechos, y posteriormente vinculados a proceso tras ser presentados ante un juez de control.
Según las autoridades, la víctima fue atacada mientras se encontraba en la casa de la hija de su pareja sentimental. Francisco, quien en el pasado fue padrastro de Felipe, lo confrontó esa noche para reclamarle por la supuesta retención de objetos personales como joyas, dinero y las llaves de una casa, propiedad que aseguraba le pertenecían. Felipe se negó a devolverlos, argumentando que eran de su madre.
Después de una acalorada discusión, Frank abandonó el lugar, pero regresó más tarde acompañado de su hijo en una motocicleta. Sin mediar palabra, Francisco se dirigió directamente hacia Felipe y le disparó en dos ocasiones en el abdomen. La víctima fue trasladada al hospital de Especialidades del IMSS, donde perdió la vida horas después.
Testigos presenciales identificaron a los agresores, lo que permitió su pronta localización. Además, la Fiscalía General del Estado cuenta con un video en el que Felipe, aún con vida, identifica a su agresor: “Frank me mató por su familia, Francisco, Frank el de arriba”, declaración que fue integrada como prueba clave en la audiencia inicial.
Las autoridades confirmaron que el caso no tiene relación con grupos criminales ni con actos de extorsión, sino que fue producto de un conflicto familiar que escaló hasta el homicidio.
Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva oficiosa para los imputados por un plazo de dos años y cuatro meses, tiempo estimado para el cierre de las investigaciones complementarias.
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