Chetumal.- Aunque todavía no exista pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Controversia Constitucional con Campeche, el Gobierno de Quintana Roo no está impedido a ejecutar obra pública y brindar programas de apoyo a la población de la Zona Limítrofe.
Recientemente la diputada por Calakmul, Marina Sánchez Rodríguez, manifestó que la construcción de una planta para dotar de agua a los habitantes de las comunidades de Caobas y San Antonio Soda, representa un agravio a la Soberanía de Campeche.
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En esa obra se invirtieron más de 50 millones de pesos para beneficiar a por lo menos ocho mil personas.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó que esta acción fue para dotar de agua a la población, además de que fue un ordenamiento de un juez federal.
El hecho de que la Controversia Constitucional que se mantiene con Campeche por el litigio de más de 10 mil kilómetros cuadrados no haya sido dirimida, no es justificación para no ejecutar obra para beneficio social.
“No hay ninguna decisión tomada en el tema de los límites entre un estado y otro, nosotros vamos a seguir trabajando por la gente. Lamento que la diputada se enoje pero vamos a seguir haciendo trabajo social y de infraestructura en bien de la gente de nuestro estado”, refirió.
En otro contexto, afirmó que se continúa con gestiones de recursos para la construcción de una nueva cárcel.
Pues durante su gestión se cumplirá con las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), a fin de garantizar adecuada reinserción social.
Esto trascendió posterior a la inauguración del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad del CBTIS 214 de Chetumal.
Después el gobernador de Quintana Roo presidió la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario y Firma del Convenio Modificatorio. Herlindo Vázquez
