Chetumal, Q. Roo.- El proceso de inhabilitación en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo y su ex colaboradora, Claudia Romanillos Villanueva, todavía no concluye.
La Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) desarrolla el proceso con celeridad, pues el plazo para imponer responsabilidad administrativa es de tres años. Aunque de darse, quedaría el proceso penal.
El pasado 17 de mayo, dicho órgano emitió una resolución en contra del ex gobernador de Quintana Roo, identificada como SECOES/SIV/CI/0448/2919; y la ex directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (Ipae), clasificada como SECOES/SCI/0627/2019; encaminadas a su inhabilitación.
El titular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal, omitió pronunciamientos para no violentar del debido proceso.
El secretario de la Contraloría Estatal manifestó que tales resolutivos todavía no son definitivos, pero se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por la presunción de inocencia y del debido proceso no me voy a pronunciar respecto a posibles responsabilidades. No lo he hecho desde que iniciamos esta administración porque no ha sido tónica de la Secoes litigar en los medios o hacer imputaciones contra funcionarios actuales o ex funcionarios”, advirtió.
Reconoció que puede haber prescripción en materia administrativa pero no así en el ámbito penal.
Por eso la Secoes reúne elementos para aportar en caso de que los expedientes sean requeridos por la FGR.
Y es que el 17 de octubre del 2017, la Secoes, a través de la Coordinación general de investigación y situación patrimonial emitió la resolución administrativa del expediente SGP/CGRSP/CSP/PAD0002/2016, mediante el cual determinó que Romanillos Villanueva incurrió en responsabilidad administrativa.
Se le impuso sanción económica de 11 mil 474 pesos con 50 centavos, equivalente a cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización y la inhabilitaba por un año para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La infracción consistió en no presentar sin causa justificada su declaración final de conclusión de su cargo como directora general del Ipae, que debió presentar dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del cargo.
Una vez causado ejecutoria, la resolución se ordenaba solicitar a la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) proceda al cobro de la sanción económica impuesta.
La Fiscalía General de la República imputó a Romanillos Villanueva de haber utilizado su cargo de directora del Ipae para vender terrenos de alta plusvalía a familiares y allegados del ex gobernador Borge Angulo, a precio de remate.
La enajenación fue de nueve mil 500 hectáreas de terrenos, equivalente a seis veces la Zona Hotelera de Cancún, vendidas a menos del uno por ciento de su valor real.
