Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que a un año de la reforma de outsourcing, el balance es favorable.
Más de 2.9 millones de personas han sido reconocidas por sus empleadores reales y se ha registrado un incremento salarial de 27.5%, en general, y de 29% para las mujeres.
López Castañeda considera que los fuertes controles de cumplimiento y sanciones económicas dio resultado.
Multas de hasta 5 millones de pesos, la imposibilidad de deducir impuestos y el intercambio de información y la vigilancia constante de la STPS, el IMSS, el SAT y el Infonavit dejan poca probabilidad de incumplir con las nuevas reglas para la subcontratación.
La reforma que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021 prohíbe la subcontratación de personal y permite solamente la tercerización de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de las organizaciones.
Norma Gabriela López Castañeda.
Antes de aprobarse la reforma, casi 5 millones de personas trabajaban en un esquema de subcontratación.
El modelo fue permitido en la Ley Federal del Trabajo en 2012, pero muchas empresas abusaron.
Surgieron compañías que contrataban mano de obra barata, sin contratos estables, no generaban antigüedad, sin inscripción al IMSS, con salarios bajos y sin todas las prestaciones de ley.
A más de un año de la implementación de la reforma del outsourcing ya se estabilizó.
El 38% de los empleos migrados provenían del sector servicios a empresas, el 25% al comercio y 17% al de la transformación.
Y de quienes salieron de servicios a empresas, el 83% se ubican en los sectores de comercio, información, transportes y comunicaciones.
Otro efecto es que “7% de los trabajadores han dejado de ser eventuales y pasaron a ser permanentes”.
En los empleos permanentes, el promedio de cotización al IMSS es de nueve meses. Para el caso de los eventuales urbanos el promedio es de seis meses, y tres meses para eventuales en el campo.
Mientras más semanas coticen, tienen más posibilidad de lograr una pensión en unos años y un mejor crédito para la vivienda, explica.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) supervisa que las organizaciones estén enlistadas en el Registro Público de Empresas de Subcontratación (Repse) y realiza inspecciones.
En el IMSS pedimos información de los contratos para verificar que los trabajadores de esas compañías estuvieron asociados a esa prestación de servicios. El Infonavit hace lo propio y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) igualmente, con un mecanismo de supervisión, en donde si hay un incumplimiento la sanción es no permitir la deducción del Impuestos sobre la Renta (ISR)
Las tres principales autoridades fiscales: el IMSS y el SAT estamos vinculadas. Nos compartimos información de manera constante, la ley nos lo mandata”. Además, “en el IMSS desarrollamos un sistema que le permite al trabajador verificar en tiempo real su historial de cotización”. Si se da cuenta que no es así, “inmediatamente puede decirnos lo que está pasando y que le ayudemos a restablecer el derecho
Fuente: El economista
Imagen: El Financiero/El Cotribuyente
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