El pleno del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas remitió la semana pasada la situación de México a la Asamblea General del organismo para que considere adoptar medidas que apoyen al Estado parte en la prevención, investigación y erradicación de este crimen, una decisión que ha generado una controversia entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el órgano internacional.
Tras el rechazo del Ejecutivo federal al dictamen —al que calificó como “parcial y sesgado”—, este martes 7 de abril la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) hizo un llamado al Estado mexicano a atender las recomendaciones emitidas por el CED y a aceptar la cooperación y asistencia técnica de la comunidad internacional.
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BMA: evitar la descalificación política y aceptar ayuda
En un comunicado presidido por Ana María Kudisch Castelló, la BMA señaló que “la respuesta institucional no debe ni puede centrarse en la descalificación política de la decisión del Comité, sino en la colaboración del procedimiento que se lleve a cabo por la Asamblea”. La organización consideró indispensable que México adopte medidas orientadas por la ONU, incluyendo cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación.
El organismo también exhortó a fortalecer los mecanismos de búsqueda en vida y forense, profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, garantizar la protección integral de familiares y colectivos de búsqueda, consolidar registros nacionales confiables y combatir la impunidad. “México no puede normalizar el dolor de miles de familias ni postergar la respuesta que exige esta tragedia nacional”, señaló.
Cifras del informe y contexto de la crisis
De acuerdo con el documento del CED, hasta febrero de 2026 más de 132 mil 400 personas permanecen desaparecidas en México, una cifra que continúa en aumento sin mostrar señales de reversión. El comité también alertó sobre una crisis forense en el país, con alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en las instalaciones de los servicios periciales.
Según el informe, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. El CED advirtió que existen “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Postura de Sheinbaum: “No es un crimen de lesa humanidad”
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del CED en su conferencia matutina del lunes y volvió a pronunciarse este martes. La mandataria negó que la crisis de desaparecidos pueda ser calificada como un crimen de lesa humanidad.
“Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre”, afirmó.
Sheinbaum aseguró que el análisis del comité se basó en casos ocurridos entre 2009 y 2017 (antes de la llegada de la Cuarta Transformación) y únicamente en cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, lo que a su juicio invalida las conclusiones del documento. “Ya nada más (con) eso es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo”, criticó.
“No es un riesgo”: Sheinbaum descarta alarma
A pesar de que el CED solicitó que la situación de México sea discutida en la Asamblea General de la ONU el máximo órgano deliberativo del organismo, la presidenta restó importancia al procedimiento. “No pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito”, declaró.
Sheinbaum negó que el país esté “rebasado” por la crisis de desaparecidos y atribuyó la mayoría de los casos al crimen organizado. “Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, otra es la desaparición relacionada con la delincuencia organizada. Nosotros tenemos separadas ambas”, explicó.
“El Gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias”, insistió.
En respuesta, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable” y subrayó la necesidad de mantener el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos.
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