Vulcans Materials busca todas las vías legales para continuar con su actividad de extraer material para contrucción.
La empresa espera resolución de arbitraje a su favor. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que, de ser necesario, se llevarán el caso a tribunales internacionales.
Con información de El Economista, Diego Badillo menciona que el gobierno federal ve el caso Vulcan Materials y su actividad como “catástrofe ecológica”.
Ejecutivos de la empresa insisten desde septiembre de 2018 un panel de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual se espera una resolución durante el segundo trimestre de este año.
La relación iniciada hace más de 35 años entre el gobierno mexicano y la mayor productora de materiales para la construcción estadounidense, se transformó en una historia de denuncias y recursos legales.
Las denuncias derivaron en tres clausuras de operaciones, un arbitraje internacional y acusaciones de estragos en materia ambiental y un socavón de dimensiones industriales.
Desde el cielo se ve como si fuera un enorme lunar blanco que escurre hasta la playa entre lo verde de la selva, a la altura de Punta Venado, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.
Badillo asegura que en la actualidad las actividades están paradas.
De acuerdo con la empresa, si no pudiera operar completamente para el resto de 2022, el impacto potencial en el EBITDA oscilaría entre 80 y 100 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente 5% de la guía de EBITDA ajustado de Vulcan de 1,720-1,820 millones de dólares para 2022.
Por ello pretende buscar “enérgicamente” todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, tanto bajo el derecho mexicano, como internacional y reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible.
En agosto de 1986, Vulcan Materials Company se asoció con el consorcio mexicano Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para constituir Calizas Industriales del Carmen (Calica) propietaria de la cantera más grande de América y la más grande de Vulcan. En 2001 ICA vendió sus acciones a Vulcan.
En 2019 cambió su nombre a Sac-Tun (que significa piedra blanca en lengua maya) y que se dedica a la extracción de piedra caliza y otros materiales pétreos en las cercanías de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde tiene la propiedad tanto de los terrenos como de las reservas de cuatro lotes:
El primero es el predio La Rosita, de donde extrae y procesa piedra caliza desde 1987 y lo hace mediante un permiso que, según la firma, hoy se encuentra totalmente vigente.
El segundo es Punta Venado. La empresa exporta piedra caliza desde la terminal marítima del mismo nombre, la cual construyó y opera conforme a una concesión válida hasta el año 2037.
En ese lugar hay operaciones del ferry de carga y vehículos a Cozumel, pero están bajo la responsabilidad de terceros.
El tercero y cuarto lotes son El Corchalito y La Adelita. Estos dos predios están designados para la extracción de piedra caliza y han estado regulados por dos autorizaciones de impacto ambiental, una estatal y otra federal. La compañía no está extrayendo materiales actualmente en ninguno de estos predios.
Conforme la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida por el Instituto Nacional de Ecología el 30 de noviembre de 2000 (el último día de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León), firmada por el entonces director del organismo, Pedro Guillén Rodríguez, y de la cual el medio tiene copia.
Calica obtuvo el permiso para el aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios El Corchalito y La Adelita en una superficie total de 1,251.43 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 276 más 160 y el kilómetro 282 más 600 de la carretera federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, tramo Tulum-Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
