Paraísos turísticos de Quintana Roo como Cancún, esconden una cruda realidad, pues, han sido identificados como epicentros globales de explotación sexual, tráfico de personas y lavado de dinero, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025.
El diagnóstico coloca a México en el tercer lugar mundial en criminalidad, con una puntuación de 7.68 sobre 10, solo por debajo de Myanmar y Somalia.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman la gravedad y colocan a Quintana Roo como líder nacional en trata de personas con 844 víctimas rescatadas, concentrando el 33.5% de los casos a nivel nacional.
Ante esto, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, reconoció la alarmante realidad, pero indicó que la efectividad de las denuncias han permitido ejecutar 139 operativos con 98 detenciones y 24 sentencias condenatorias en 20 en los últimos dos años.
El informe internacional, que evalúa a 193 países, revela que la crisis criminal mexicana alcanza niveles críticos en múltiples frentes.
El tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas y personas obtienen calificaciones de 9 sobre 10, mientras que la extorsión y trata de personas registran 8 puntos.
Los delitos financieros superan incluso estas cifras con 8.5 puntos, y preocupa especialmente el crecimiento del comercio ilegal de especies en peligro, que aumentó medio punto hasta 7.5, demostrando la alarmante diversificación de las economías ilícitas.
Aunque el estudio no clasifica entidades federativas, la mención explícita de Cancún y Playa del Carmen como focos de explotación sexual y lavado de dinero -confirmada con las 844 víctimas rescatadas, incluyendo 102 menores de edad y 196 extranjeras- coloca a Quintana Roo en el mapa de alta prioridad criminal internacional.
Las víctimas procedían de países como Colombia, Venezuela, El Salvador, Brasil, Argentina, Guatemala, Cuba, Honduras, Italia, Noruega, Ucrania y Rusia, evidenciando el alcance transnacional de estas redes.
El informe refiere que los cárteles de Sinaloa y CJNG han evolucionado hacia verdaderas corporaciones criminales que controlan desde prisiones hasta cadenas de suministro legales, empleando una fuerza laboral comparable a grandes empresas.
Su radio de acción se expande constantemente, ahora incursionan en tráfico de totoaba, minería ilegal y cibercrimen.
Frente a esta realidad,el Índice Global de Crimen Organizado 2025, asegura que México, muestra debilidades en liderazgo político y gobernanza, pues, apenas alcanzan 3.50 de 10 puntos, empeorando medio punto desde 2023.
La transparencia gubernamental retrocedió un punto completo hasta 4.00, mientras el sistema judicial se estancó en la misma baja calificación.
La situación es especialmente grave en integridad territorial, con apenas 3.00 puntos, confirmando un deterioro generalizado en la capacidad institucional para combatir el crimen.
La infiltración criminal en las instituciones gubernamentales alcanza niveles alarmantes. Los gobiernos municipales son los más vulnerables, pero también se documentan vínculos de altos funcionarios estatales y federales con grupos delictivos.
Casos emblemáticos como Genaro García Luna y la Estafa Maestra, refiere el informe, ejemplifican esta penetración, que incluso alcanza sectores estratégicos como la minería e industrias extractivas, ahora bajo control criminal.
Mientras empresarios turísticos, ciudadanos y autoridades buscan combatir el crimen organizado sin afectar la economía estatal -con 129 denuncias por trata en 2025 y un promedio de 10 a 16 carpetas de investigación mensuales de acuerdo con información oficial de Quintana Roo-, el informe ha sido contundente en asegurar que se necesitan políticas integrales que superen el enfoque militar y ataquen las causas estructurales de la criminalidad.
“México requiere una estrategia que combine aplicación de ley con fortalecimiento institucional, protección a la sociedad civil y ataque a los flujos financieros ilícitos”, refiere el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, y con ello, pinta un panorama donde la opacidad institucional y el crimen organizado forman un círculo vicioso que amenaza el futuro nacional y a Quintana Roo, a pesar de los esfuerzos locales al rescatar a 844 víctimas de trata y conseguir 24 sentencias condenatorias.
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