El candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, ocultó en su declaración 3 de 3 ser propietario de dos inmuebles adicionales según se lee en la base de datos del Registro Público de la Propiedad, los cuales tendrían un valor conjunto estimado de 22 millones de pesos.
Así lo señaló el Delegado Nacional del PAN en Quintana Roo, Juan Pablo Adame, en conferencia de prensa con el candidato de la alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín González, celebrada en la Ciudad de México.
En su declaración patrimonial, el candidato del PRI-PVEM-NA reportó ser dueño de cinco bienes inmuebles; sin embargo, de acuerdo con la información disponible en el Registro Público, Góngora Escalante cuenta con siete propiedades registradas a su nombre.
Estas propiedades no reportadas fueron adquiridas por el abanderado priísta en el año 2011, las cuales se encuentran en Punta Allen, en el Municipio de Tulum y cuentan con una superficie de 2,419 metros y 3,447 metros respectivamente.
Adicionalmente, en el Registro Público de la Propiedad se detectan tres propiedades a nombre de Cynthia Osorio, esposa del candidato Góngora, y no dos como se habían declarado en el 3 de 3.
El inmueble no declarado corresponde a un terreno de 200 metros ubicado en Playa del Carmen, el cual tiene un valor estimado de 2 millones de pesos.
Asimismo, se obtiene en los registros públicos que Cynthia Osorio obtuvo de parte del Instituto de la Vivienda en Quintana Roo un terreno de 200 metros cerca de la Quinta Avenida por 29 mil 405 pesos, mismo que por sus características geográficas, tiene un valor 74 veces mayor al que fue vendido.
Hacen públicos documentos sobre irregularidades en Municipio de Solidaridad
En el mismo evento, el candidato Carlos Joaquín González hizo públicos una serie de documentos que identifican irregularidades en contratos de servicios celebrados durante el periodo 2014-2015 en el Municipio de Solidaridad.
“Estos documentos los ponemos a disposición de las autoridades para su análisis e investigación, ya que sus condiciones manifiestan que pudieran ser probatorios de un delito” señaló Joaquín González.
Tales documentos registran una erogación por 536 millones de pesos en contratos realizados con 30 empresas dedicadas a la limpieza de calles, recolección de basura y riego de camellones, actividades que ya eran realizadas por el Ayuntamiento.
Asimismo, se ha detectado que las direcciones fiscales de esas empresas corresponden a inmuebles en los que no se observan actividades productivas.
