Un operativo que traduce las quejas en acción contundente
El gobierno municipal de Cancún, encabezado por la presidenta Ana Paty Peralta, lanzó un mensaje de cero tolerancia contra los abusos en los estacionamientos privados de la ciudad. Este jueves 6 de febrero, un operativo conjunto de Fiscalización y Protección Civil, encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, procedió a la clausura temporal de dos estacionamientos tras recibir “múltiples quejas ciudadanas por mal servicio y cobros indebidos”.
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La acción se enmarca en una instrucción directa de la alcaldesa Peralta:
“En Cancún hay cero tolerancia a los abusos contra la ciudadanía”. Gutiérrez Fernández fue contundente al afirmar que “las empresas están obligadas a brindar un servicio adecuado, seguro y conforme a la ley” y que “quien no cumpla, será sancionado”. El operativo busca garantizar que los servicios en la ciudad sean “seguros, justos y sin abusos”.

Las clausuras: Un listado de deficiencias que ponen en riesgo a los usuarios
Los dos establecimientos clausurados presentaban un catálogo de irregularidades que iban desde la falta de documentación básica hasta graves fallas de seguridad física.
- Estacionamiento ‘Ranver’ (Plaza Las Américas, Supermanzana 07): Fue clausurado por “graves deficiencias en materia de seguridad y protección civil”. Entre los hallazgos se encuentran:
- Falta de extintores y señalización preventiva.
- Instalaciones eléctricas en mal estado e hidrantes dañados.
- Estructuras sin mantenimiento.
- Falta de documentación obligatoria: Programa Interno de Protección Civil, dictámenes eléctricos, póliza de seguro y constancias de capacitación del personal.
- Estacionamiento ‘Eli-Park’ (Plaza Outlet): La clausura se decretó por no acreditar documentación obligatoria y presentar faltas de mantenimiento. Las omisiones incluyen:
- No exhibir póliza de responsabilidad civil vigente.
- Carecer de contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- Falta de registro del personal que brinda servicios complementarios.
- “Múltiples omisiones físicas que representan un riesgo para las y los usuarios”.
El contexto: Turismo, crecimiento y la lucha por la imagen ciudadana
Estas clausuras no son un hecho aislado. Se dan en un contexto donde Cancún recibe millones de turistas al año y la experiencia del visitante —desde el momento en que estaciona su auto— es crucial para la reputación del destino. Los cobros excesivos y las condiciones inseguras en estacionamientos habían generado un malestar acumulado entre residentes y turistas, erosionando la confianza.

Para la administración de Ana Paty Peralta, este operativo es una jugada de doble propósito: atiende una demanda social legítima de los cancunenses y, al mismo tiempo, envía una señal al sector turístico de que se vigilará la calidad y legalidad de los servicios auxiliares. Es una forma de proteger tanto al consumidor local como la marca “Cancún”.
Lo que sigue: ¿Un operativo permanente o un aviso puntual?
El Ayuntamiento de Benito Juárez ha asegurado que “estos operativos continuarán de manera permanente”, atendiendo las denuncias ciudadanas. La clave estará en la sostenibilidad de la acción. El riesgo es que, sin una fiscalización constante, los establecimientos clausurados corrijan las fallas solo temporalmente o que otros operen impunemente.
La efectividad a largo plazo dependerá de que la ciudadanía confíe y utilice los canales de denuncia y de que la autoridad mantenga la capacidad operativa y la voluntad política para sancionar. La frase “en Cancún la gente siempre va primero”, con la que cerró el comunicado municipal, será puesta a prueba en las próximas semanas y meses.
Un precedente en la regulación de servicios no turísticos tradicionales
Más allá de los estacionamientos, esta acción marca un precedente en la regulación municipal. Muestra una voluntad de intervenir en servicios que, aunque no son “turísticos” en el sentido tradicional (como hoteles o parques), impactan directamente en la experiencia de vivir y visitar la ciudad. Es una apuesta por un control más estricto del comercio y los servicios locales, con el argumento de priorizar el bienestar y la seguridad pública sobre la informalidad o el abuso.

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