Legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática recorrieron la zona de devastación en el Malecón Tajamar Cancún para exigir un freno al “ecocidio” y clausuraron de forma simbólica las oficinas del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en Cancún.
Quintana Roo, Mx.-Demandaron que el Malecón Tajamar sea declarado Área Natural Protegida y se pronunciaron por la comparecencia de los responsables de los tres órdenes de gobierno ante el Congreso de la Unión para que expliquen por qué violaron las leyes ambientales.
Además, acusaron al gobernador Roberto Borge de “corrupto y corruptor”, así como de tener intimidado a todo aquel que le levanta al voz y se atreve a protestar: “o lo quiere comprar o lo quiere encarcelar”.
Encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo y el senador Isidro Pedroza, diputados federales perredistas de varios estados como Lluvia Contreras, Cristina Bravo, Tania Arvejo e Ivanova Pool, entre otros, puntualizaron que el PRD no está en contra del desarrollo económico ni de las inversiones, pero que es más seguro para los empresarios y una mayor certeza jurídica, si respetarán la normatividad ambiental.
Acosta Naranjo dijo que Borge se mete en todos los partidos, “a veces hasta en en el nuestro” porque es un “corrupto y corruptor”: “si encarcela, si agrede, es un inculto además y prepotente, para que se lo manden decir”.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD lamentaron que no se respete la normatividad y la protección a los manglares en el malecón Tajamar Cancún en Quintana Roo, así como el uso de la fuerza pública para evitar el acceso a los ciudadanos a dicho espacio público.
Además, las diputadas y los diputados, inscribieron un punto de acuerdo para solicitar al ayuntamiento de Benito Juárez, al gobierno de Quintana Roo y al Ejecutivo federal un informe público pormenorizado en relación a los permisos y licencias de construcción emitidas por el gobierno local para desarrollos inmobiliarios en el malecón de Tajamar y Punta Nizuc.
Adicionalmente, mediante un comunicado, los diputados lamentaron que no se respete la normatividad y la protección a los manglares en el malecón Tajamar Cancún en Quintana Roo, así como el uso de la fuerza pública para evitar el acceso a los ciudadanos a dicho espacio público.
“Una vez más el gobierno federal en complicidad con el gobierno estatal y municipal, muestran su prepotencia, abuso de autoridad para violar la ley y beneficiar a unos cuantos empresarios a costa de los recursos naturales del país”, señalaron.
“Es de recalcar que el PRD no está en contra del desarrollo económico ni de la inversión, al contrario, apuesta por un desarrollo integral sin afectaciones, donde debe prevalecer la certeza jurídica para los empresarios, la generación de empleos y el cuidado al medio ambiente, por eso el llamado a las autoridades es para que respeten la normatividad ambiental y que Fonatur resarza el daño a los empresarios”, se dijo.
Las diputadas y los diputados del PRD, inscribieron un punto de acuerdo para solicitar al ayuntamiento de Benito Juárez, al gobierno de Quintana Roo y al Ejecutivo federal un informe público pormenorizado en relación a los permisos y licencias de construcción emitidas por el gobierno local para desarrollos inmobiliarios en el malecón de Tajamar y Punta Nizuc.
“Es deber del Gobierno proteger los recursos naturales de los mexicanos y cumplir con compromisos internacionales adquiridos para la protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático, entre ellos los que recientemente el Ejecutivo Federal adquirió en la COP 21 y que están por encima de los intereses de particulares”, argumentaron.
Dijeron que desde el GPPRD se impulsarán los acuerdos necesarios a fin de que la zona se decrete como área natural protegida y se cite a los responsables de los tres órdenes de gobierno implicados en el ecocidio. “Además, se ha consultado a diversos ambientalistas y aseguran que se podría reforestar y recuperar el mangle de la zona en un periodo de 10 a 20 años si se detiene la devastación”, se agregó.
Asimismo, el GPPRD llamará a comparecer a los titulares de Semarnat, Profepa y Fonatur, con la finalidad de que expliquen por qué otorgaron permisos en una zona de manglares y humedales.
“Es deber del H. Congreso de la Unión defender el derecho a un medio ambiente sano, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, por ello el GPPRD a través de la Cámara de Diputados, se promoverá juicio político en contra de los servidores públicos que vulneraron los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 4, 25 y 27, contra la integridad del territorio y del interés supremo de la nación, particularmente en la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60TER”, anotaron.
(Con información de Siete24 y comunicado del PRD)
