En el informe publicado después de un diálogo con representantes del Gobierno mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó la persistencia de desapariciones generalizadas en México y los limitados avances en la persecución penal de estos delitos. El Comité también expresó preocupación por el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en estados como el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, donde se encuentra el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014.
El informe del Comité criticó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, afirmando que no cumple con los estándares internacionales y pidió una mayor transparencia en su metodología y coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. Señaló la resistencia de algunas autoridades para compartir información con este registro y la falta de claridad sobre la proporción de casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
Además, el informe destacó casos de revictimización y amenazas contra familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y periodistas que cubren estos casos. También mencionó que, en muchos casos, son los familiares y allegados quienes llevan a cabo labores de búsqueda e investigación que deberían ser responsabilidad del Estado.
El informe también criticó la práctica de algunas autoridades de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que dificulta la búsqueda inmediata de víctimas. Además, señaló la falta de capacidad de los servicios médico-forenses para identificar y conservar adecuadamente los cuerpos y restos humanos, con un alto porcentaje de cuerpos no identificados.
A pesar de algunos avances, como la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana y la publicación de un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el comité concluyó que México carece de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
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