Emiliano Ramos Hernández, diputado integrante de la Gran Comisión del Congreso del Estado, señaló que las irregularidades cometidas por Jorge Alberto Galván García desde la Notaría 74, es uno de muchos casos de supuestos agentes de “fe pública” faltos de probidad, consecuencia de la entrega de notarías a recomendados y amigos, en lugar de gente capacitada.
El legislador, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la XV Legislatura, añadió que este caso incluso parece más delicado, por la cantidad de documentos que señalan una clara evasión fiscal incurrida por este notario, entre otras supuestas ilegalidades.
Jorge Alberto Galván García tiene un auto de formal prisión y orden de aprehensión girada por un juez, derivado de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por defraudación fiscal equiparable, por más de un millón de pesos. Esta acusación se sustenta en toda una relación de las cuentas personales del Notario 74 y un peritaje emprendido por la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo a la Ley de Notariado de Quintana Roo, un notario que esté sometido a un proceso penal por un delito doloso debe ser suspendido de sus labores, cosa que se ha negado a hacer el secretario de Gobierno, Román Quian Alcócer, pese a contravenir la ley.
Pero además Galván García, a través de su empresa “Empowermen”, dedicada al “outsourcing”, ofrece servicios de litigación laboral y ante Hacienda, cosa también prohibida por la ley, aunque este notario la realiza de forma reiterada.
De acuerdo a Emiliano Ramos, esta situación obliga a que los diputados de la XV Legislatura analicen la entrega de notarías públicas realizadas por la administración saliente, situación que incluye a la número 74 de Cancún.
“La honorabilidad es uno de los requisitos que pocos cumplen, dado que existen un numero incuantificable de quejas por casos de abusos de parte de los despachos de notarías”, señaló.
“Buscaremos revertir la entrega de las notarías, si no se cumplen con los requisitos, al margen de que el estado mexicano o al federación ejerzan acción penal, en caso de que se cometa algún ilícito, como la evasión fiscal”, sentenció en legislador perredista.
Consideró necesario que la Secretaría de Gobierno y Dirección de Notarías Públicas, tomen cartas en el asunto, para determinar si existe alguna causa para retirar las concesiones, pues de lo contrario incurrirían en omisión y complicidad.
De acuerdo a la ley, la Dirección de Notarías está obligada a informar sobre irregularidades y corresponde al secretario de Gobierno aplicar las sanciones correspondientes, que en este caso sería la suspensión del notario; sin embargo, se han negado a intervenir, pese a la gran cantidad de pruebas que evidencian las anomalías incurridas.
Por su parte, Mayuli Martínez Simón, diputada de la Comisión de Participación Ciudadana, señaló que todas las notarías entregadas por la administración actual serán sometidas a revisión, y si resulta que se cometen ilegalidades desde el seno de una, como parece ser el caso de la número 74, se tienen que sancionar estos delitos.
Señaló que Quintana Roo es uno de los estados con mayor número de notarios, porque se han entregado en los últimos años a gente recomendada, con el fin de volver legales situaciones ilegales. Insistió que es importante que los afectados denuncien estos casos para que se les cancele su patente de notario
“Urge revisar si este ciudadano cumple con los requisitos de notario, al igual que todos los que han recibido notarías por parte de la administración saliente”, aseveró.
Fuente: Que qui
