Avanzan trabajos tras aprobación de presupuestos
El Congreso de Quintana Roo, presidido por el diputado Jorge Arturo Sanen Cervantes, anunció que retomará la revisión de la concesión de Aguakán.
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Esta decisión llega después de la reciente aprobación de los presupuestos estatal y municipales. La comisión especial encargada del caso buscará analizar las tarifas y evitar abusos que afectan a la ciudadanía.
Sanen Cervantes recordó que la concesionaria sigue bajo proceso jurídico. No obstante, destacó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama. Este acuerdo respalda la idea de que el agua es un derecho fundamental, no una mercancía.
Objetivo: regular tarifas y evitar abusos
El legislador señaló que se buscarán mecanismos para regular las tarifas de Aguakán, una de las más elevadas del estado. Aclaró que cualquier acción dependerá de la resolución de los amparos interpuestos por la empresa. “No se trata de retirar concesiones arbitrariamente, sino de hacerlo dentro de la ley”, afirmó.
La comisión especial del Congreso tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de excesos tarifarios. Sanen Cervantes subrayó la importancia de garantizar un servicio justo y accesible. “Lo que buscamos es devolver el control del agua a los municipios afectados por esta concesión”, explicó.
Proceso legal en marcha
El Congreso confía en que el proceso legal permitirá esclarecer la situación. Sanen Cervantes expresó que la revisión será transparente y en beneficio de la ciudadanía. Mientras tanto, la comisión continuará trabajando para asegurar que las tarifas sean justas y que se respeten los derechos de los usuarios.
En cuanto a los presupuestos, el diputado indicó que el Congreso planea concluir las revisiones antes del 15 de diciembre, fecha en la que finaliza el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, no descartó extender las fechas si es necesario para garantizar un análisis adecuado.
El Congreso de Quintana Roo reafirma su compromiso de vigilar las concesiones y defender el derecho al agua como un bien público. Las decisiones futuras dependerán del avance de los procesos legales y del trabajo de la comisión especial.
Fuente: Luces del siglo
