Cancún, QuintanaRoo.- A casi cuatro años de la consulta ciudadana en la que la mayoría votó por revocar la concesión del servicio de agua potable a Aguakan, el conflicto continúa entrampado en tribunales federales, mientras el Congreso de Quintana Roo sostiene su postura política de rechazo a la prórroga del contrato.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renán Sánchez Tajonar, afirmó que la XVIII Legislatura ha sido clara en su oposición a extender la concesión a la empresa privada y reiteró que el Poder Legislativo seguirá acompañando las acciones del Ejecutivo estatal para defender lo que calificó como el sentir de la ciudadanía.
“El servicio de agua es un derecho fundamental y debe garantizarse con calidad y eficiencia. Somos conscientes del reclamo social”, señaló el diputado, al subrayar que el Congreso continuará atento al desarrollo del proceso judicial.
La concesión de Aguakan data de 1993 y fue ampliada en 2014 hasta el año 2053. En junio de 2022, habitantes de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres participaron en una consulta pública en la que la mayoría se pronunció por retirar la concesión a la empresa.
Sin embargo, tras las acciones emprendidas en 2023 por el Congreso y el Gobierno estatal para revocar el contrato, la empresa promovió juicios de amparo que frenaron las decisiones en su contra. El Juzgado Octavo de Distrito en Cancún concedió una suspensión que permite a Aguakan continuar operando mientras se resuelve el fondo del asunto.
Actualmente, el expediente se encuentra en revisión en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, instancia que deberá determinar la legalidad de los actos reclamados.
El caso ha puesto en el centro del debate la tensión entre la voluntad popular expresada en consulta y los tiempos del Poder Judicial federal. Mientras el litigio avanza, el servicio de agua potable continúa bajo el esquema concesionado, en medio de reclamos ciudadanos por mejoras en calidad, tarifas y atención.
Desde el Congreso, la postura es mantener la presión institucional y política, aunque el desenlace dependerá de la resolución definitiva en tribunales.
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