La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró que el Estado de México es responsable de violar los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, durante su detención y privación de libertad en el marco de un proceso penal.
Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años sin que se les dictara una sentencia, lo que resultó en la vulneración a sus derechos fundamentales.
Corte señala ” la figura del arraigo vulnera los derechos a la libertad personal”
La Corte señaló que la figura del arraigo vulnera los derechos a la libertad personal, a ser oído y a la presunción de inocencia de la persona arraigada.
La decisión de la Corte destaca la importancia de respetar los derechos humanos en todos los procesos judiciales y garantizar que todos los individuos tengan acceso a un juicio justo y equitativo.
Prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en México
La sentencia se espera que sea un precedente importante para prevenir futuras violaciones de derechos humanos en México y en toda la región.
Por lo tanto la Corte concluyó que el Estado mexicano vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas por la aplicación de esa figura al caso concreto.
Con base en esta sentencia, la Corte ordenó las siguientes medidas al Estado mexicano:
- Concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves
- Revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares
- Así mismo a desarrollarlas investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a los derechos humanos que padecieron
- Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre–procesal
- Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa
- Realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México.
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