Desde principios de año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso atención en la constructora Calica Vulcan Materials, pues, no ha parado de extraer material petreo.
Entonces el mandatario le planteó cambiar su giro y convertirlo en zona de desarrollo de un complejo turístico.
Sin embargo, a dicho de López Obrador, la empresa Calica no cumplió con los acuerdos que tenía con el gobierno federal.
El mandatario se refería a que la empresa seguía con la extracción de los minerales en la zona cercana a Playa del Carmen.
Por tal motivo sentenció que iniciarían acciones legales correspondientes.
Acciones de la Semarnat
Bajo ese contexto, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, informó sobre las diligencias.
Explicó que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectuó una inspección en La Rosita, predio de la empresa Calica, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Desde 2017 y 2018 la Profepa ya había clausurado y sancionado a la minera Calica.
Hubo aprovechamiento de la roca caliza en El Corchalito, bajo las normas del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América Latina.
Pese a eso, Calica tiene interpuesta, en tribunales internacionales, una demanda contra México ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétreos.
Y le pide a México una indemnización aproximadamente de mil 500 millones de pesos.
Ante esto AMLO señala a la firma estadounidense como una de las responsables que financia la campaña contra el Tren Maya.
Tren Maya
La actual obra del Tren Maya en su tramo 5 mantiene varios amparos contra la obra pues daños ambientales. Este mega proyecto queda a espaldas del terreno donde Calica tiene su planta.
El pasado 2 de mayo López Obrador reveló que, al realizar un “vuelo sorpresa” en helicóptero en la zona se percató de que la explotación y salida de material continuaban.
El presidente mencionó que no permitiría que nadie se burle del gobierno federal, por tal motivo iniciaron con los trámites en las dependencias correspondientes a la materia.
La Semarnat constató los daños y deteriores graves a los ecosistemas, por ello, impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las actividades y obras que se realizan en la zona.
Se informó que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales:
- pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo,
- alteración de la presión del acuífero,
- riesgo de hundimientos y
- fracturas del subsuelo.
- Alterado la calidad y pureza del agua,
- daños en el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades.
Se reportó que hay una evidente alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.
En su defensa, Vulcan Materials acusó que el Gobierno de AMLO ha operado de manera “ilegal”, al ordenar el cese inmediato de la extracción y explotación de las canteras submarinas en Quintana Roo.
A dicho de la compañía, la extracción de piedra caliza ha sido legal, en tierras que son de su propiedad desde hace más de 30 años.
Vulcan tiene el derecho de mantener la plena propiedad de sus propiedades, es propietaria de las reservas de piedra caliza en las mismas, y cumple y siempre ha cumplido con la ley mexicana, incluidas las leyes y permisos que regulan nuestras operaciones desde las cuales atendemos a nuestros clientes tanto en México como en el extranjero”.
