El trabajo en el servicio público implica no solamente responsabilidades legales sino también compromisos con la sociedad, por ello, cada servidor, funcionario o legislador debe hacer su propia evaluación para cumplir con su declaración “3 de 3”, señaló el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien informó que, en cuanto a la declaración patrimonial, en el Congreso todos cumplieron con el requisito de ley.
La declaración “3 de 3” es una iniciativa de dos organizaciones civiles en México, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) las cuales promueven, de acuerdo con su página “que nuestros funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público”.
Según las propias cifras de la página “3 de 3” hasta este lunes, sólo 136 diputados locales en México, de mil 125 con los que cuenta el país aproximadamente, han presentado su declaración completa: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, es decir, apenas el 12 por ciento han aceptado ser partícipes de este proyecto en aras de la transparencia.
Martínez Arcila informó que ya cumplió con hacer pública su declaración “3 de 3” y consideró que cada legislador hará su evaluación para hacer lo propio, pues se dijo respetuoso de lo que cada uno de los legisladores decida, en torno a difundir estas declaraciones.
“Cuando rendimos protesta como diputados locales cumplimos con los requisitos de ley, entre ellos, la presentación de nuestra declaración patrimonial, hecho que se cubrió en su totalidad, sin embargo, las otras dos declaraciones, la fiscal y la de intereses, es voluntario hacerlas públicas y cada legislador tomará su determinación al respecto”, dijo.
El legislador comentó que quien lo desee puede sumarse a esta iniciativa y de esa manera reiterar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
“Creo que esta iniciativa llamada 3 de 3 es importante para que la ciudadanía conozca más de sus servidores públicos, que les dé seguimiento, que se acabe con la opacidad y tengamos funcionarios que rindan cuentas”, comentó.
Dijo que, si partimos de la idea de la presunción de inocencia, de la responsabilidad y de la declaración bajo protesta de decir verdad, los formatos deberían ser más simples, sencillos y comprensibles para todo mundo “de manera que informar sobre nuestro patrimonio sea una tarea sencilla. En caso de haber sospechas fundadas sobre un funcionario o servidor público, será la autoridad quien, con la ley en la mano, pueda exigir toda la información a ese servidor para conocer su estatus individual y cruzarlo con lo que declaró previamente”, concluyó. Redacción
