Ciudad de México.- En el marco de la serie de Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional impulsados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo la Mesa Especializada sobre Libertad de Expresión en presencia de grupos y víctimas de diversos estados, coordinada por Eunice Rendón, moderada por Jesús Robles Maloof de Enjambre y con la participación de Alfonso Durazo, Alejandro Encinas, Loretta Ortíz y Luisa María Alcalde.
Los principales temas desarrollados durante la reunión fueron: procuración de justicia e impunidad, responsabilidad, mecanismo y medidas de protección, condiciones y contexto de riesgo y responsabilidad de los medios de comunicación. Los periodistas, familiares de asesinados y defensores demandaron que el fortalecimiento en cuanto a recursos y capacidades del Mecanismo Nacional para la Protección de Periodistas Defensores de Derechos Humanos, y mencionaron la necesidad de resolver el recurso de los próximos meses debido a que se ha terminado y están en riesgo 702 periodistas que forman parte de este. La corresponsabilidad con los estados y gobiernos estatales fue también uno de los señalamientos más recurrentes, fortalecer la vinculación y trabajo conjunto es necesario.
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Los activistas y víctimas mencionaron que el 80 por ciento de las violaciones y ataques que se llevan a cabo en su contra son realizados con participación de las autoridades locales y atribuyen a ello la falta de funcionalidad y eficiencia de las instancias responsables de brindar seguridad y justicia. Es importante distinguir entre la victimización y ataques violentos contra los periodistas del resto de la violencia que sucede en nuestro país por la relación que tiene con su labor.
La puesta en marcha de una política de protección integral, la integración de las recomendaciones de los relatores internacionales para la atención del problema debe suceder. Asimismo, el acompañamiento de instancias internacionales en los esfuerzos del gobierno es relevante. En materia de justicia se pidió la reducción de impunidad y la mejora la eficiencia y la atención de las fiscalías para ser más eficaces.
Es fundamental, más que desaparecer las instituciones y mecanismos, hacerlas funcionar, mencionaron los periodistas. Se pidió la incorporación de los familiares de los afectados en el registro nacional de víctimas al tiempo de dar atención integral en materia de salud mental, empleabilidad, educación y desarrollo social de los mismos. La perspectiva de género fue también un tema tratado por varias de las periodistas que se han sentido discriminadas en este sentido y piden la capacitación en este tema.
En relación con el tema laboral exigieron formalizar las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas, señalaron que pocos medios han acompañado a sus colaboradores en las implicaciones de riesgo que corren a causa del ejercicio de su labor.
Se pidió fortalecer las regulaciones que les permitan acceder a prestaciones laborales más justas y que dignifique su trabajo. En el mismo sentido, los participantes señalaron la importancia de revisar la Ley de Publicidad oficial para que no amenace la existencia de los medios, pero exponga con claridad las reglas de acceso a estos recursos y se evite la condicionalidad de los mismos.
Alfonso Durazo se comprometió a brindar una protección integral a las víctimas y a vincular de manera contundente la participación de los estados y así atender los retos mencionados. Señaló que el Estado es responsable de resolver el problema de seguridad y con ello se atenderán de forma específica los factores que inducen a la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Mencionó que se va a gobernar bajo un marco democrático y de legalidad, donde aquellos que lo incumplan tendrán que enfrentar las consecuencias.
Por su parte, Alejandro Encinas subrayó que el mecanismo va, permanece y va a fortalecerse, seguirá adscrito en Segob en la subsecretaría que el encabezará. Se debe garantizar la atención integral para la protección de los periodistas. El mecanismo es un instrumento para atender situación de emergencia y de riesgo, pero también observará políticas preventivas para evitar que el problema sea crónico y permanente.
Resaltó la importancia de la transparencia sobre el uso de recursos, mejorar la eficiencia y la revisión de protocolos. Asimismo, para dar respuesta a las exigencias relacionadas con las condiciones laborales, Luisa María Alcalde se comprometió a llevar a cabo mesas de trabajo especializadas para definir una ruta de trabajo que genere acciones coordinadas y colectivas que permitan dar respuesta a las demandas más urgentes. Fuente: El Quintana Roo
