PAN en Quintana Roo presenta denuncia penal en la FGR
FGE, Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo ingresaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el reciente descarrilamiento del Tren Maya. La denuncia va dirigida contra Javier May Rodríguez, quien se desempeñó como Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y otros funcionarios que intervinieron en el proyecto.
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Los legisladores, incluyendo al diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local Reyna Tamayo y la senadora Mayuli Martínez, argumentan que el incidente ocurrido en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 de la ruta Mérida-Cancún, puso en riesgo la vida de pasajeros. El PAN ha señalado que la denuncia busca sancionar a los responsables de un presunto desfalco al erario público, la compra de materiales de mala calidad y la falta de supervisión en la obra.
Señalan irregularidades con millones
La denuncia presentada por los legisladores de Acción Nacional no se limita al descarrilamiento, sino que se fundamenta en supuestas irregularidades detectadas en contratos específicos. Según el boletín de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN en Quintana Roo, se identificaron anomalías en los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM TRAMO3/23-OI-04. Dichas irregularidades habrían resultado en pagos indebidos y sobrecostos que, según la denuncia, ascienden a más de 155 millones de pesos. Estas acciones, de acuerdo con el PAN, configuran los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como administración fraudulenta en contratos públicos, tipificados en el Código Penal Federal.
Además de los sobrecostos millonarios, el partido de oposición señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha observado otros pagos indebidos, como los correspondientes a un cercado perimetral no colocado o sobrevaluado (por más de 10 millones de pesos), diferencias en estructuras metálicas y errores aritméticos en el cálculo de financiamiento. Para el PAN, estos hallazgos son un indicio de actos administrativos y contractuales que contribuyeron directamente a la falta de calidad en las obras y a la falta de supervisión por parte de FONATUR a través de sus titulares sucesivos, incluyendo a Rogelio Jiménez Pons, Javier May Rodríguez, Lyndia Quiroz Zavala y Sebastián Ramírez Mendoza. La denuncia también incluye al director de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., el Gral. Óscar David Lozano Águila.
Cuestionan viabilidad financiera
Más allá de las acusaciones de corrupción y mala calidad en los materiales, el comunicado del PAN aborda la viabilidad económica del proyecto. La denuncia señala que, según información pública, el Tren Maya ha acumulado pérdidas operativas por 5,807 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2025. El partido de oposición argumenta que, para mantener la operación, se requiere de un subsidio diario de 12 millones de pesos del erario público. Esta situación, en su opinión, revela no solo deficiencias técnicas y de construcción, sino una inviabilidad económica estructural que atenta contra una correcta administración del patrimonio público.
Los legisladores del PAN han insistido en que las presuntas irregularidades no son meramente contables, sino que son la causa fundamental de las fallas estructurales y operativas que se materializaron en el reciente accidente. De acuerdo con Ernesto Sánchez, diputado federal, hay indicios de que la asignación de contratos se dio a “amigos de los hijos de López Obrador”, lo que apunta a un esquema de corrupción que habría abusado de los cargos en el gobierno anterior. La denuncia busca sentar un precedente y aplicar sanciones penales para que este tipo de actos no queden impunes, protegiendo así el patrimonio de la nación.
El incidente en la estación de Izamal es el detonante de una investigación más profunda por parte de la FGR, que ahora deberá analizar las pruebas presentadas por el PAN. La denuncia pone el foco en la ejecución de la obra, los materiales utilizados y el manejo de los recursos públicos. La respuesta de las autoridades señaladas en la denuncia será clave para el futuro del caso.
