En una sesión conjunta de comisiones en la XVII legislatura, la diputada Mildred Avila Vera enfatizó la relevancia de entender la dignidad humana como un elemento que merece protección integral, no solo desde un punto de vista ético o moral, sino como un derecho fundamental. Sus observaciones surgieron en el contexto de la aprobación del dictamen de una iniciativa de reformas constitucionales presentada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que busca otorgar el estatus de derecho humano al buen gobierno.
La diputada Avila Vera resaltó que cuando se reconoce un derecho como humano, se le concede la máxima protección y se guía por principios fundamentales como la progresividad y la indivisibilidad. Subrayó que aunque la buena administración ya se consideraba un derecho, no se le había clasificado previamente como un derecho humano. Avila Vera argumentó que una administración deficiente puede afectar de manera significativa la dignidad humana, especialmente en áreas críticas como la salud, la educación y la justicia.
La legisladora subrayó la importancia de salvaguardar la dignidad humana frente a la administración pública y de garantizar un buen gobierno que brinde servicios y atención adecuada para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
La sesión conjunta fue presidida por Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Tanto la diputada Mildred Avila como el diputado Aldana Navarro son conocidos por impulsar proyectos legislativos progresistas que contribuyen a la transformación del estado.
La iniciativa de reformas constitucionales se enfoca en el reconocimiento de la dignidad humana como un valor supremo y en la consideración del derecho humano a la buena administración como elementos esenciales para un gobierno eficiente y respetuoso de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo. Esta propuesta, resumida en dos artículos, armoniza la legislación local con los estándares federales y refuerza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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