La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó su participación en la sede de la Fiscalía de la Nación el próximo 6 de junio como parte de la investigación preliminar abierta por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasados.
En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Dina Boluarte expresó su intención de contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”. La mandataria decidió no utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno y acudirá “presencialmente a la Fiscalía de la Nación”.
Dina Boluarte y la declaración ante la fiscal general
Dina Boluarte de la inmunidad presidencial consagrada en la Constitución, la presidenta confirmó su participación en la diligencia.
Inicialmente, la Fiscalía citó a Dina Boluarte para el 31 de mayo, pero luego, a solicitud de la gobernante, se cambió la fecha de su declaración para el 6 de junio.
La presidenta aseguró que acudirá a la sede del Ministerio Público para responder a cada una de las preguntas de la fiscal y que no se acogerá al derecho a guardar silencio, ya que ella misma quiere saber qué sucedió con los fallecidos durante las protestas.
La Fiscalía de la Nación inició las pesquisas preliminares contra la gobernante y varios de sus ministros y exministros el pasado 10 de enero por la presunta comisión de delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La investigación incluye a otras personalidades políticas, como el ex primer ministro Pedro Angulo, los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Durante estos episodios, se reportaron al menos 49 civiles muertos y un total de 77 fallecidos, incluyendo personas afectadas por el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y afirmó haber encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú, según su último informe
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