En la Cámara de Diputados, por amplia mayoría de 433 en lo general; y votación particular dividida, de 246 a favor y 111 en contra, avanzó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El ordenamiento que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, y modifica el Código Penal Federal, pone tope a salarios de los funcionarios públicos, establece que nadie ganará más que el Presidente de la República y elimina pensiones a ex mandatarios, será turnada al Ejecutivo Federal, anunció la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna.
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En un debate que duró más de seis horas, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de haber mantenido congelada por más de siete años la ley y advirtió que con su aprobación, se acaba la “burocracia dorada”.
Panistas y priístas, que al participar en Tribuna se llevaron rechiflas y abucheos de la mayoría, y vieron desechar todas sus reservas, afirmaron que acompañan el “espíritu” de la ley, pero tiene inconsistencias que podrían generar impugnaciones y visos de inconstitucionalidad.
Al terminar la votación particular, la mayoría de Morena y aliados, festejaron el hecho al grito de “¡Morena, Morena!”, “¡Viva México!” y “¡Sí cumplimos!”.
La norma señala que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que estén previstas en la ley, decreto legislativo o contrato de trabajo. Lo que a consideración de los diputados morenistas, implica la cancelación de pensiones a ex Presidentes.
Contempla sanciones para los servidores públicos que infrinjan la norma, así como la presentación de denuncias ante órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Entre otras penalizaciones, prevé imponer destitución e inhabilitación de seis meses y hasta cuatro años para desempeñar otro cargo público, cuando el monto del sueldo exceda el equivalente a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
Aunado a las responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos que incumplan la ley al recibir pagos indebidos, se les fincará el delito de “remuneración ilícita”.
A quien reciba pagos excesivos, y que no pase de 500 veces el “salario mínimo vigente”, se aplicarán penas de tres meses y hasta dos años de prisión; y multas de 30 y hasta 300 veces el salario mínimo.
Si el beneficio económico otorgado u obtenido excede más de 500 veces el “salario mínimo vigente en el Distrito Federal” y no es mayor a mil veces, la sanción se será de seis meses hasta tres años de prisión. En ese caso la multa será de 30 hasta 300 veces el “salario mínimo”.
Cuando el beneficio económico supere mil veces el salario mínimo, y no pase de tres mil veces, la sanción será de tres a cinco años de prisión, y la multa de 300 a mil veces el salario mínimo.
En los casos en que la remuneración irregular supere el equivalente a tres mil salarios mínimos, la sanción será de cinco a 14 años de prisión, y las multas de 500 y hasta tres mil veces el salario mínimo vigente.
En esas circunstancias, los infractores serán destituidos e inhabilitados para desempeñar cargos públicos desde seis meses y hasta 14 años.
El diputado Pablo Gómez, uno de los promotores de la Ley, señaló que las inconsistencias y “errores” de forma, como la referencia a “salarios mínimos” y al “Distrito Federal”, serán corregidas por la Mesa Directiva, pero en el fondo, la norma no tiene mayor contratiempo. Fuente: MVS Noticias
