Guardia Nacional pasa al control de Sedena
La Cámara de Diputados ha aprobado una nueva Ley de la Guardia Nacional que formaliza su incorporación como cuerpo permanente dentro de las Fuerzas Armadas.
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A partir de ahora, la corporación estará bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adoptando una estructura militar definida, donde un General de División será su máxima autoridad, nombrado por el Presidente a propuesta de la Sedena.
Esta modificación convierte a la Guardia Nacional en una fuerza de seguridad con mando, operación y estrategia militar. Su integración incluirá personal del Ejército, la Fuerza Aérea y civiles con preparación policial, lo que consolida su perfil como un cuerpo híbrido entre lo militar y lo civil.
Militarización con funciones ampliadas
La nueva legislación amplía las funciones operativas de la Guardia Nacional. Además de la prevención del delito, ahora podrá realizar labores de inteligencia, operaciones encubiertas, verificaciones administrativas y recopilación de datos en espacios públicos. También colaborará de forma directa con el Ministerio Público en investigaciones judiciales.
Estas tareas deberán desarrollarse bajo vigilancia judicial y con estricto respeto a los derechos humanos, lo que busca mantener un equilibrio entre la acción policial eficiente y la protección de las libertades civiles.
Reforma legal estructural
La ley no solo redefine la Guardia Nacional, también modifica diversas normativas que apuntalan su integración al esquema militar. Se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.
Estas reformas permiten que los elementos de la Guardia cuenten con acceso a seguridad social, esquemas claros de ascenso y una disciplina sujeta a la normativa castrense. Asimismo, se establece una ruta para la profesionalización continua del personal, con formación en derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y principios de legalidad en el uso de la fuerza.
Incorporación ambiental en la agenda
Una novedad destacada de la ley es la incorporación de la protección del medio ambiente como una de las tareas del cuerpo. La Guardia Nacional podrá actuar en conjunto con autoridades ambientales en la prevención de delitos ecológicos como la tala ilegal, el tráfico de especies y la contaminación de áreas naturales.
Estas actividades forman parte de una estrategia de vigilancia en zonas de alto valor ambiental, muchas veces afectadas por el crimen organizado. La colaboración institucional será clave para fortalecer la presencia del Estado en regiones de difícil acceso, como selvas y reservas naturales.
Neutralidad y mando único generan debate
Aunque la ley fue aprobada, su contenido ha generado distintas reacciones. Algunos sectores consideran que refuerza las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, mientras que otros han manifestado preocupaciones sobre el fortalecimiento del control militar en tareas que solían ser civiles.
Las autoridades han insistido en que la Guardia mantendrá una misión de proximidad social y apego a derechos humanos, aunque ahora lo hará bajo parámetros militares. El tiempo mostrará cómo esta transformación se refleja en la vida cotidiana y en los indicadores de seguridad.
Perspectiva nacional ante una etapa clave
Este cambio representa una nueva etapa en la estrategia de seguridad del país. La apuesta por una fuerza permanente con características militares responde a los retos de violencia y crimen organizado en distintas regiones del territorio.
Con un marco jurídico ajustado, funciones ampliadas y una estructura centralizada, la Guardia Nacional se convierte en un eje articulador entre la defensa nacional y la seguridad pública. La vigilancia sobre su actuación, su formación y su vínculo con las comunidades será esencial para medir el impacto real de esta transformación.
