Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación concluyeron la redacción del proyecto de dictamen que abroga la Reforma Educativa aprobada en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y modifica los artículos tres, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento se garantizan la autonomía de las universidades y la educación, desde la inicial hasta el nivel superior, y el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en los servicios educativos.
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Esta reforma constitucional se votará la próxima semana y debe lograr las dos terceras parte de las votaciones de los legisladores que asistan a la sesión del miércoles.
Su Artículo tres indica que el Estado será el rector de la educación que, además de obligatoria, será universal, pública, gratuita y laica, y se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
“Se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades y a la dignidad de las personas”.
Además “la cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de aprendizaje”.
El proyecto señala que los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo y por tanto se reconoce sus contribuciones a la transformación social, por lo que tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluación diagnóstica, para que puedan cumplir los propósitos del Sistema Educativo Nacional.
También el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.
Para las empresas educativas privadas se garantiza que podrán “impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares”.
El Congreso se compromete a expedir la legislación secundaria en un plazo de 120 días y ambas cámaras deberán expedir las leyes generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020, mientras que las legislaturas de los estados tendrán, en el ámbito de su competencia, el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia.
Además, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se abroga la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. Fuente: El Heraldo de México
