Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que indica que a partir del 19 de noviembre la participación del Ejército en materia de seguridad pública hasta el 2028.
El día de hoy se incluyó en el DOF el mandato por el que se reforma el artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019.
Con dicho decreto se establece que el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Dicha disposición fue ratificada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales.
El escrito indica que la participación deberá ser extraordinaria, justificando su “absoluta necesidad”, y “temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil”.
De igual forma estará regulada y fiscalizada, rendirá cuentas, y estará subordinada y será complementaria, por lo que las tareas solo podrán realizarse en su auxilio o complemento.
La Fuerza Armada deberá recibir capacitación en la doctrina policial civil y sus actividades no sustituirán a las autoridades civiles.
El Presidente de la República presentará al Congreso de la Unión un informe semestral para evaluar los resultados en materia de seguridad pública, y ratificar el respeto a los derechos humanos, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Para examinar los resultados, se establecerá un plazo no mayor a sesenta días, en la que una comisión bicameral se reunirá cada lo convoque su directiva.
Para el dictamen semestral se convocará, si se requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.
El dictamen evaluará el cumplimiento del decreto y señalará la entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente del ejército.
El Senado evaluará la participación del Ejército a fin de garantizar que culmine su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública las asuman en la fecha establecida.
Los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas expedirán anualmente una evaluación integral, durante los seis años. Los resultados serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución.
También se estipula en el decreto que se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, independiente de otro ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán ser utilizados para otro fin.
Se asignará hasta un 25% a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Fuente: Aristegui Noticias
Imagen: El Economista
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