Rentas sin contrato en Quintana Roo: Inquilinos desprotegidos
En Quintana Roo, más del 80% de las rentas se realizan sin cumplir con la obligación de estar respaldadas por un contrato de arrendamiento, lo que viola lo estipulado en el artículo 2448 del Código Civil Federal.
Esta situación afecta principalmente a los inquilinos, quienes se ven desprotegidos ante posibles conflictos con los arrendadores.
Así lo informó Javier García Castro, abogado y experto en materia de arrendamiento y procedimientos civiles, quien señaló que el Caribe Mexicano es una de las entidades donde más se violentan los derechos de los inquilinos.
Contenido
“En nuestro despacho, casi la mitad de los clientes proceden de la Ciudad de México o de destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, debido a conflictos entre arrendatarios y arrendadores”, explicó García Castro.
El abogado subraya que una de las principales razones de estos problemas es la falta de contratos formales, ya que más del 80% de las rentas en el estado no cumplen con esta obligación legal.
Además, García Castro advirtió que muchos arrendadores no se dan de alta ante las autoridades fiscales, lo que les permite evadir impuestos y llevar a cabo arrendamientos “bajo el agua”. Esta informalidad no solo perjudica a los inquilinos, sino que también genera un entorno de incertidumbre legal.
Propietarios incumplen con seguridad y mantenimiento, inquilinos en riesgo
Otro problema recurrente es la falta de mantenimiento y seguridad en las propiedades arrendadas, lo cual también está estipulado en el artículo 2448-B del Código Civil Federal.
“En la mayoría de los conflictos, el arrendador no garantiza la higiene y seguridad del inmueble. Problemas como falta de agua, fallas eléctricas, humedad y goteras son comunes, y cuando se realizan reparaciones, a menudo se deducen del depósito del inquilino”, añadió el abogado.
García Castro también destacó que en ciudades turísticas como Cancún, la gentrificación está agravando la situación. Según el experto, muchos propietarios rescinden los contratos de arrendamiento antes del plazo mínimo de un año, establecido por ley, para alquilar a personas con mayor poder adquisitivo. Esto ocurre sin previo aviso o acuerdo, a pesar de que la ley exige un plazo de 15 días para notificar cualquier aumento en el precio de la renta.
El abogado mencionó que la Ciudad de México está liderando una reforma que podría ser replicada en Quintana Roo, donde el 40% de la población trabajadora depende del arrendamiento. Esta reforma establece que en rentas de menor valor a 150 salarios mínimos (13 mil 200 pesos mensuales), los aumentos sean anuales y no superen el 10%.
“Esta medida sería de gran ayuda para los inquilinos en Quintana Roo, quienes están siendo desplazados debido a la gentrificación y el alza desmedida de los precios de renta”, concluyó García Castro.
Fuente: Novedades Quintana Roo
También te puede interesar: Reducción de tarifas en transporte al Aeropuerto de Tulum
