El Centro de Confinamiento del Terrorismo simboliza la guerra contra las pandillas y las denuncias por violaciones a derechos humanos.
Promocionada como la prisión más grande de América Latina, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador se ha convertido en el emblema de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, una estrategia que ha reducido drásticamente la violencia, pero que también ha despertado duras críticas por su falta de transparencia y denuncias de abusos.
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Cinco meses después de su inauguración, el complejo penitenciario continúa rodeado de hermetismo. Bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, más de 60 mil personas han sido detenidas, mientras que numerosas familias desconocen el paradero o las condiciones de sus familiares.
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“Cuando hicieron el traslado el 24 de febrero lo vi en un video, bien delgado, lo reconocí por los tatuajes”, relató Angélica, esposa de uno de los detenidos, al recordar cómo identificó a su marido entre los prisioneros.
La prisión más grande del continente
Construido en menos de un año sobre un terreno de 166 hectáreas en Tecoluca, departamento de San Vicente, el CECOT fue presentado por el gobierno como un “monumento a la justicia”. Sin embargo, los detalles de su licitación, costos y operaciones permanecen bajo reserva.
El penal cuenta con 23 hectáreas edificadas, ocho pabellones y 32 celdas por módulo, cada una de 7,4 por 12,3 metros. Si se llenara su capacidad proyectada de 40 mil presos, cada interno contaría con apenas 0.58 metros cuadrados, muy por debajo de los 3.4 metros cuadrados recomendados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las celdas tienen camas metálicas, techos enrejados y sanitarios a la vista. No existen patios de recreación ni áreas de convivencia, lo que contraviene las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos.
Organismos de derechos humanos han advertido que las condiciones podrían considerarse inhumanas y degradantes. El acceso a la prisión está prohibido para periodistas, defensores y abogados, lo que impide verificar el trato a los detenidos o la legalidad de los procesos.
La BBC y otros medios internacionales han intentado ingresar al penal sin éxito. Un técnico involucrado en la construcción declaró que el diseño busca impedir la salida de los reclusos, quienes solo abandonan su celda para audiencias virtuales o aislamiento.
Trabajo forzoso o reinserción
En contraste, el gobierno salvadoreño promueve la prisión como un modelo de “rehabilitación productiva”. Bukele ha señalado que más de 48 mil presos trabajan en labores de construcción, agricultura, confección y fumigación.
“Hoy en El Salvador los reclusos no están descansando; están ayudando a reconstruir el país”, afirmó el mandatario al defender su programa.
El presidente anunció que el taller textil del penal, con 5,400 reclusos, producirá 2.4 millones de uniformes escolares para el próximo ciclo escolar, mientras otros 6,000 internos colaboran en obras públicas. Según sus cálculos, esta iniciativa ahorrará al Estado 150 millones de dólares anuales.
Entre la seguridad y los derechos
El gobierno de Bukele sostiene que la estrategia ha logrado lo impensable: convertir al país más violento del continente en uno de los más seguros. Sin embargo, las organizaciones internacionales insisten en que la falta de transparencia y el abuso de detenciones podrían tener consecuencias graves para la democracia salvadoreña.
