El pleno del Congreso de Perú ha aprobado un informe final que recomienda formular acusación contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en diversas municipalidades, bajo la dirección del Ministerio de Vivienda.
El informe final de la Comisión de Fiscalización recibió el respaldo de 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo presentara y recomendara la acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.
La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de una presunta organización criminal liderada por Castillo, según informó el Congreso a través de Twitter.
Estos delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observaba a Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes, ofreciendo obras de saneamiento en distritos rurales, financiadas por el Ministerio de Vivienda o los municipios, a través de empresas relacionadas con ella misma.
Como consecuencia de estos hechos, Castillo debía enfrentar un juicio político en el Parlamento y presentarse ante el pleno para responder a las acusaciones en su contra. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, anunció un golpe de Estado, el cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia.
Minutos después de su anuncio de un “autogolpe”, el exmandatario fue detenido y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde recibieron asilo del gobierno mexicano.
En relación a este caso, la Fiscalía ha indicado que Lilia Paredes podría ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión por su presunta participación en una organización criminal dentro del Gobierno de Perú.
La fiscalía argumentó que Paredes era la “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” durante el mandato de su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su intento de golpe de Estado.
La situación legal de Pedro Castillo y los implicados en este caso continúa en desarrollo, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
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