El caso Aguakan se ha convertido en uno de los principales problemas del gobierno de Mara Lezama. Los ciudadanos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos ya votaron a favor de que se quite a la empresa de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, pero los gobiernos municipales y el estatal no saben qué hacer.
Una de las opciones que está en carpeta es presionar a la empresa para que venda la concesión, y así se cumpliría con lo que se ordenó en la consulta popular.
El análisis que el Gobierno hace de la consulta, dice que la sociedad nunca pidió que se revoque la concesión, sino que no esté en manos de Aguakan.
Textualmente, la pregunta de la consulta del pasado 5 de junio decía:
¿Está usted de acuerdo que la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?.
Como se ve, la pregunta esta directamente dirigida al servicio que presta una empresa (Aguakan) pero no específicamente sobre el hecho de que el servicio esté concesionado.
Por eso, en el gobierno creen que una opción es que Aguakan venda la empresa, y la nueva operadora mantenga la concesión.
Así, se cumple con lo que ordena la consulta popular, pero no se ingresa a un caos jurídico de consecuencias impredecibles.
La rescisión de Aguakan, sin justificación legal, le costaría miles de millones de pesos al estado.
La situación de Aguakan
Mara no tiene mala relación con la empresa, pero cree que no ha cumplido, ni remotamente, con lo que debería haber invertido en el estado.
En ese sentido, se recuperó todo el expediente que se había realizado durante el Gobierno de Carlos Joaquín, que fundamentalmente recopilaba y probaba incumplimientos diversos de la empresa.
En un momento, el Gobierno anterior había contabilizado casi mil millones de pesos a favor del estado por incumplimientos de Aguakan, que hubieran servido para equilibrar el costo de una rescisión de concesión.
Pero de manera “misteriosa”, Carlos Joaquín decidió no accionar contra la empresa. El ex gobernador tuvo a la empresa contra las cuerdas y la dejó ir.
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Entonces, Aguakan siguió operando, ganando cientos de millones de pesos por mes, e incumpliendo el convenio de concesión de manera flagrante.
Mara cree que si se reactiva ese expediente y se presiona lo suficiente, se puede obligar a la empresa a vender.
Sería una salida fácil y cómoda para todos.
Hay quien dice, por supuesto, que el plan no es otra cosa que una estrategia para que la empresa “simule una venta” y se cambie de nombre, pero continúe operando igual.
O incluso que el Gobierno ya tenga su propia concesionaria lista para hacerse cargo del servicio.
Con información de La Opinión de Quintana Roo
