El pasado jueves, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, en complicidad con el PRI, y aprovechando que preside la mesa directiva, órgano encargado de conducir las sesiones de la Cámara, modificó sin previa aprobación del pleno, el orden del día, violentando el reglamento interno de la Cámara de Diputados (Art. 65).
Por razones ideológicas evitó la discusión, y en su caso aprobación, de un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género que reforma tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (46, 49 y 50). La iniciativa (por cierto, presentada por legisladoras del PRI) tiene por objeto que la Secretaría de Salud y las instituciones de salud de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios, establezcan programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud para reforzar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 (Norma 046), referente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Aun cuando la iniciativa sólo se refiere a programas de capacitación, lo que el PAN quiere evitar es que se refuercen los mecanismos de protección de las mujeres en casos de violación sexual. La Norma 046, es ya de observancia obligatoria para todas las instituciones de salud pública; sin embargo, por razones de desconocimiento, ideológicas y misóginas, no se aplica correctamente.
Lo que le preocupa al PAN y a la derecha es que el ordenamiento, por un lado, establece que los casos de violaciones deben ser tratados como urgencias, buscando como primer paso estabilizar emocionalmente a la víctima y “ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia”. Este procedimiento, evita que las mujeres violadas lleguen a embarazarse y es, en este sentido, equiparable a cualquier otro método anticonceptivo.
Por otro lado, la Norma 046 establece que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo”. Cabe destacar que, aunque en todos los estados está permitido por ley este tipo de interrupción, gobiernos como el de Guanajuato, en manos del PAN, les han negado sistemáticamente este derecho a las mujeres violadas.
La falta de una aplicación correcta de la Norma 046 tiene consecuencias para la vida de las mujeres, ya que también ordena que se dé información a las afectadas sobre los riesgos de contraer VIH/SIDA, y que se les proporcione tratamiento preventivo contra este mal. Asimismo, pueden solicitar refugio, asesoría jurídica y otra serie de servicios públicos para resarcir el daño y prevenir futuros abusos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al referirse a los fundamentos legales de la Norma 046, consideró que la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública, por su elevada prevalencia que tiene “efectos nocivos e incluso fatales [y] representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Los y, sobre todo, las panistas no pueden ignorar que en México hay 15 mil denuncias de violación sexual por año, casi todas contra mujeres, además de que algunos estudios plantean que por cada denuncia hay aproximadamente ocho casos que no son reportados. La invisibilidad de la violencia sexual se debe a que generalmente es ejercida en contextos de una desigualdad de poder, en ocasiones al interior del hogar, por familiares o conocidos. Sin embargo, también ocurre cada vez con más frecuencia que los violadores sean, no sólo delincuentes comunes sino miembros del crimen organizado, policías y miembros de las fuerzas armadas.
Recordemos que, en 2009, el Estado mexicano fue declarado culpable, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violar los derechos humanos de tres niñas indígenas tzeltales en Chiapas que fueron víctimas de violación sexual por militares en 1994. Aun así, existen muchos más casos que han quedado en la impunidad. En un reciente reporte de Amnistía Internacional, 72 de 100 mujeres detenidas dijeron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, incluyendo la violación por parte de policías y fuerzas armadas (1).
En México impera la impunidad cuando se trata de violaciones sexuales y la impartición de justicia se ha deteriorado. Según cifras oficiales, los sentenciados con condena ascendían a casi 20% de las denuncias en 1997, mientras en 2014 fueron 10%. Además, mientras que entre 1997 y 2005 las sentencias condenatorias representaban casi 80% de los sujetos a proceso, para 2012 ascendían a tan sólo 15.4% (2).
Lo que necesitamos es reformar los códigos penales federal y estatales a fin de que la no aplicación de la Norma 046 constituya un delito. Así evitaremos que los médicos y autoridades de hospitales, en complicidad con gobernadores y presidentes municipales, le nieguen sus derechos a las mujeres víctimas de violencia.
Ante la negativa por parte de Guadalupe Murguía, presidente de la mesa directiva, y miembro del PAN, para que se discutiera y votara el dictamen de la Comisión de Género, las diputadas que defendemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tomamos la tribuna y logramos que la Junta de Coordinación Política, controlada por hombres, aceptara llevar a cabo la discusión y en su caso aprobación de la reforma el próximo martes. Para entonces sabremos si el PRI se deja dominar por el PAN en este tema o si intercambia su voto negativo en este asunto por un voto positivo del PAN en algo que se relacione más directamente con sus intereses. (Fuente: Aristegui Noticias)
