Hoy nos ocuparemos de uno de los temas más preocupantes de la agenda política y mediática de América Latina en los últimos años: el lawfare -el uso de la ley como un arma- o del poder judicial contra la política. Es decir, el uso de la ley como arma política o una guerra judicial y mediática contra el poder popular que debe ser criminalizado y eliminado de la esfera política formal.
Los procesos de lawfare tienen como objetivo frenar proyectos políticos, que cuestionan el neoliberalismo con políticas dirigidas a una mejor redistribución de la riqueza, la preservación de sus recursos naturales y la defensa de los derechos de las grandes mayorías, mediante la judicialización de sus liderazgos. Se trata de apartar y estigmatizar los liderazgos por vías judiciales, y al proyecto político que representan, invadiendo incluso los ámbitos de los otros poderes que sí fueron elegidos democráticamente.
Así, podemos recordar los hechos que acortaron el mandato de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, la destitución de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, los juicios contra Rafael Correa y miembros del movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador, el uso de la justicia electoral para perseguir a Evo Morales y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS); la destitución de Dilma Rousseff, el arresto de Lula y el impedimento de su candidatura en las elecciones de 2018 y el encarcelamiento del presidente legítimo de Perú.
No podemos dejar de destacar, la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, en la que se busca impedir su participación política, proscribiendo a la mayor líder del movimiento nacional y popular.
Importante es resaltar el rol de los medios de comunicación hegemónicos en la legitimación social del lawfare, en la difusión de noticias falsas, impactando negativamente en la democracia y, en la representación política de las mayorías.
Pero quizá lo más importante, desde el punto de vista geopolítico, el lawfare es una nueva forma de instalar la vieja práctica de intervenir en la política interna de los países, para garantizar gobiernos que defiendan los intereses económicos y estratégicos de la principal potencia.
En Mexico el Poder Judicial obstaculiza el programa de gobierno votado por millones de mexicanos, invadiendo las funciones de los otros poderes y, por lo tanto, dañando nuestra incipiente democracia.
Qué hacer ante tan desoladora realidad, exigir una profunda reforma judicial en la que se sustente en el marco de un Estado democrático de derecho, manifestándonos en contra del poder, que no fue elegido por nadie e impide el desarrollo de los programas que votamos. Es decir, en una democracia el lawfare es inadmisible.
Reitero la transformación del Poder Judicial es necesaria para garantizar una sociedad más justa y democrática.
