Cancún.- Tras refutar las posturas ambientalistas que lograron la suspensión provisional de la publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Cancún, Taydé Favila Soriano, invitó al diálogo para evitar la pérdida de un año de desarrollo.
En entrevista, la empresaria explicó que pide a la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Isabel Cecilia González Glennie, reconsiderar la postura de su resolución porque “va contra el bien común, que es la base de la justicia”. Por eso, invitó a una mesa de diálogo.
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Indicó que en la reunión del jueves con sus socios se demostró, tras desplegar el PDU en pantallas, que las supermanzanas céntricas (2, 2A, 3, 4) quedaron como lotes unifamiliares y que el Ombligo Verde quedó como zona recreativa.
“También desmentimos a las ambientalistas; porque sí hubo consulta pública –del viernes 10 al lunes 20 de agosto; 10 días para ratificar que la zona está dentro de un centro urbano y no es un área ambiental–, para que cualquier ciudadano hiciera sus observaciones.Pero no se vale que no participen o lleguen tarde y como no lo vieron, ahora me amparó”.
Recordó que los mismos inconformes están pidiendo lo mismo a la autoridad municipal para llegar a acuerdos; “nosotros exhortamos a hacer lo mismo, para ver lo que nosotros quizá no vemos y ellos sí (…) porque el daño que se pretenden hacer sería un retroceso de un año de trabajo, de presupuesto y de proyectos e infraestructura”, dijo.
Consideró que la magistrada rebasó su función poque está suspendiendo un documento que aún no existe: “No ha nacido el proyecto y ya lo abortó; puede suspender el proyecto cuando ya se haya publicado, pero no es el caso; o sea, aún está en proceso, es un tema jurídico que habría que analizarse porque está suspendido algo que aún no existe”, aseveró.
¿Conflicto de interés?
En su momento, en diciembre pasado, medios señalaron que la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa fue una mera simulación y los cargos se repartieron para allegados panistas, perredistas y del gobierno estatal.
En el caso de la abogada Isabel Cecilia González Glennie que fue, en su momento, apoderada legal del movimiento Salvemos Manglar Tajamar, la misma agrupación que encabeza Araceli Domínguez Ramírez, la principal detractora del Programa de Desarrollo Urbano.
También es madre de uno de los 113 niños por los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó un amparo definitivo en el caso de Malecón Tajamar, al considerar que los pequeños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano.
En tanto, Alfredo Cuéllar Labarthe, quien apoyó el proyecto de resolución de González Glennie, es abogado de la empresa de cajas de seguridad First National Security, que recientemente fue objeto de un aseguramiento de decenas de cofres por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación sobre lavado de dinero.
Las relaciones políticas del leguleyo tienen vínculos con Naín Díaz Medina, asesor de cabecera del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, lo que le valió obtener la Notaría Número 37 de Cancún, de la cual fue auxiliar Cuéllar Labarthe. Fuente: La Jornada Maya
