El foro “Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”, se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, bajo la moderación de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez.Especialistas y legisladores abordaron el tema de la maternidad subrogada o renta de vientres para exponer si se debe regular o definitivamente prohibir por violentar derechos fundamentales de las mujeres que son explotadas con fines de reproducción.
El foro “Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”, se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, bajo la moderación de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez.
En el acto, la especialista Irene López Faugier, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que la gestación es un hecho biológico y natural, por lo cual no puede ser comercializado.
Indicó que no importa la manera en que se celebre un acuerdo de voluntades, incluso lo que avalaron los legisladores en Tabasco y Sinaloa, en México, donde se legalizó la subrogación de vientres, ya sea mediante arrendamiento o prestación de servicios, en el país no está establecido porque es una cuestión novedosa.
La experta jurista explicó que contratos de maternidad gestante de esa índole no podrán tener efecto, de acuerdo con la Ley General de Salud ni conforme al Código Civil Federal.
La también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) confió en que se apruebe en el Senado la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, la cual ya se aprobó en comisiones, para castigar la comercialización de la subrogación hasta con 16 años de prisión y ocho mil a 17 mil Unidades de Medidas de Actualización (UMA).
De acuerdo con la abogada, la maternidad gestante es una modalidad del delito de trata, lo que se fundamenta en el Artículo 10 fracción y 30 de la Ley General de Salud, donde se indica que la comercialización de células y tejidos es una forma de trata de personas.
“Me preocupa mucho el tema de regular la maternidad testante, considero que no pude ser bajo circunstancia alguna, se debe de prohibir por completo porque nosotros somos un país de trata de personas, tenemos los primeros lugares de trata, entonces no es posible seguir promoviendo otras formas de explotación de las mujeres”, indicó.
A su vez, la periodista y especialista de origen sueco Kajsa Ekis Ekman comparó la maternidad subrogada como una especie de la extensión de la prostitución.
Explicó que en Suecia, donde se elaboró un estudio a petición del gobierno sobre el tema, se llegó a la conclusión que no hay condiciones para que el sistema de salud permita la subrogación de vientres, la cual considera una expresión del tráfico de personas.
Ekman, autora del libro “Being and being bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self”, expuso que existe un amplio consenso entre la comunidad de investigadores en el sentido que la subrogación “comercial” no debe permitirse.
Lo anterior, agregó, porque el cuerpo humano y sus partes no deben dar lugar a beneficios económicos y el comercio de órganos y células reproductivas son una expresión de ello.
La diputada priista Juana Aurora Cavazos Cavazos reconoció que en San Lázaro tendrán una gran responsabilidad al tener en sus manos la legislación para ver lo que hay detrás de esta industria que explota y atenta contra la dignidad humana de las mujeres.
La senadora con licencia Mely Romero Celis, quien promovió la iniciativa en el Senado, apuntó que se logró un avance en la propuesta de reforma a la Ley General de Salud, que se logró 14 años después que se planteó este tema.
Indicó que se tiene que cuidar la dignidad de las mujeres y respetar el derecho de las personas que desean utilizar esa práctica para ser padres.
“En eso se pudo avanzar, soy la más convencida que tenemos que evitar esto al máximo y los cómos más específicos los va a determinar la Secretaría de Salud, y ahí es donde se tiene que plasmar a través de una Norma Oficial Mexicana qué sí y qué no se puede, y cuál es la obligación del médico y de la autoridad local”, señaló.
Fuente MVS
