El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y 30 fiscales generales estatales y de distrito, ha presentado una demanda contra la compañía Live Nation, propietaria del portal de venta de entradas Ticketmaster, en un esfuerzo por desmantelar el monopolio ilegal que la empresa ha mantenido en los últimos años. Este monopolio ha perjudicado tanto a los consumidores como a los artistas y promotores.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Live Nation de “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”. El fiscal general Merrick Garland anunció la demanda en una rueda de prensa, destacando que las “tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas” de la compañía han sido objeto de críticas, pero subrayó que el motivo de la demanda son las prácticas “anticompetitivas e ilegales” de la empresa.
En respuesta, Live Nation negó estas acusaciones, alegando ser una “víctima” de una administración que, según ellos, busca simplemente ser “antiempresarial” bajo un impulso populista.
Las acusaciones de Estados Unidos contra Live Nation son variadas y graves. La empresa es acusada de bloquear la competencia y cobrar comisiones exorbitantes, resultando en precios muy elevados para los consumidores. Según Garland, Live Nation utiliza contratos exclusivos de venta que pueden durar más de una década, adquiere lugares propios y presiona ilegalmente a los artistas para que utilicen sus servicios de promoción.
Estas prácticas han permitido a Live Nation controlar aproximadamente el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos, gestionar directamente a más de 400 artistas, controlar más del 60% de las promociones de conciertos en todo el país y poseer o controlar más del 60% de los grandes anfiteatros de Estados Unidos.
Además, Ticketmaster impone una serie interminable de tarifas a los compradores, incluyendo tarifas de emisión de boletos, tarifas de servicio, tarifas de conveniencia, tarifas Platinum, tarifas maestras de precios por orden, tarifas de manejo y tarifas de procesamiento de pagos.
Esta situación, según Garland, resulta en que “los aficionados pagan más”, los artistas tienen menos oportunidades de tocar en conciertos y los promotores más pequeños quedan excluidos. Los lugares tienen menos opciones reales para los servicios de venta de entradas, lo que refuerza el control monopólico de Live Nation sobre el mercado.
La atención sobre Live Nation se intensificó especialmente después de la cancelación de la venta pública de entradas para Taylor Swift en noviembre de 2022, debido a una demanda excesiva que Ticketmaster no pudo manejar. Este incidente enfureció a millones de seguidores de Swift y llevó a la empresa a comparecer ante el Comité Judicial del Senado para explicar lo sucedido. Live Nation culpó a ataques cibernéticos y aclaró que no fijan los precios de las entradas ni deciden cuántas salen a la venta ni cuándo.
Estados Unidos y múltiples demandas a industrias gigantes
En junio pasado, Live Nation prometió ser más transparente con los precios que cobra a sus clientes, mostrando el precio final de los tickets al inicio de la transacción en lugar de al final. La demanda de Estados Unidos contra Live Nation es uno de los casos más importantes presentados durante la administración de Biden en términos de competencia y se suma a otras acciones legales contra gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google.
La demanda de Estados Unidos alega que Live Nation-Ticketmaster viola la sección 2 de la Ley Sherman, que prohíbe las conspiraciones que restringen injustificadamente el comercio y los acuerdos entre competidores para fijar precios o salarios, manipular licitaciones o asignar clientes, trabajadores o mercados. Esta acción busca restaurar la competencia y proteger a los consumidores, artistas y promotores de las prácticas monopólicas de Live Nation.
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