En una audiencia celebrada recientemente, un juez federal ha impuesto la medida de prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exfuncionario de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR). Ramírez Gutiérrez enfrenta acusaciones relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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Las autoridades federales señalan al exfuncionario por su presunta participación en delitos como desaparición forzada, tortura, colusión de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas. En la audiencia, la defensa de Ramírez Gutiérrez solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, informó sobre la detención del exfuncionario, destacando su participación durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ramírez Gutiérrez había renunciado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO en julio de 2019.
Ramírez Gutiérrez, pieza clave para caso Ayotzinapa
Cabe mencionar que la versión oficial del Gobierno anterior, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, sostenía que los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales de Iguala, Guerrero, y entregados a delincuentes que los habrían asesinado y quemado en un vertedero de basura. Sin embargo, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desestimó esta versión y denunció el uso de tortura en las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
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El arresto de Gualberto Ramírez Gutiérrez representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y es un recordatorio de la importancia de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de garantizar el respeto a los derechos humanos en el proceso de investigación y persecución de los responsables.
