Qatar, uno de los países más ricos del mundo, no está libre de pobreza. Y si no se habla lo suficiente de ella es también por lo oculta a la vista que puede resultar. Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema “complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar”. Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.
Gracias principalmente al dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un producto interno bruto de US$180.000 millones que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto.
En un país donde qataríes y expatriados occidentales pueden ganar varias decenas de miles de dólares al año más beneficios, muchos empleados sin cualificar no tienen mayor paga asegurada que la del salario mínimo mensual, apenas US$275.
Qatar se convirtió en 2020 en el primer país árabe en abolir en efecto el controvertido sistema kafala (patrocinio en árabe) y el segundo en establecer un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad después de Kuwait.
Cuando el kafala estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentar cargos penales, arresto y deportación.
Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país.
Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre US$500 y US$3.500 antes de abandonar sus países.
Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables.
Qatar promulga ley para trabajadores
Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados.
Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático.
Pero a pesar de los progresos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) insisten en que “los trabajadores migrantes aún dependen de sus empleadores para facilitar la entrada, la residencia y el empleo en el país, lo que significa que los empleadores son responsables de solicitar, renovar y cancelar sus permisos de residencia y trabajo”.
“Los trabajadores pueden quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos cuando los empleadores no cumplen con dichos procesos, y son ellos, no sus empleadores, quienes sufren las consecuencias”, dice este informe de HRW de 2020.
El año pasado, HRW señaló que los trabajadores extranjeros todavía sufren “deducciones salariales punitivas e ilegales” y enfrentan “meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador“. Y según Amnistía Internacional, las empresas aún presionan a los trabajadores para evitar que cambien de trabajo, lo que genera un estado de pobreza económica entre los trabajadores.
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