El representante de la Canirac en Quintana Roo, Julio Villlarreal Zapata rechaza cualquier forma de violencia y extorsión contra el sector restaurantero y hace un llamado enérgico a la autoridad para reforzar la aplicación de la ley, toda vez que son por lo menos 8 empresarios de bares con más de 20 años de actividades suspendieron actividades por los llamados cobros de derecho de “piso”.
“La seguridad de la comunidad debe ser una prioridad, y es responsabilidad de las autoridades garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos”.
El líder de los restauranteros, instó a la comunidad a denunciar cualquier actividad delictiva o comportamiento sospechoso a las autoridades competentes ya que todos deben de contribuir a la construcción de comunidades seguras y respetuosas de la ley.
Expresó que los más de mil 500 afiliados a la cámara en el estado trabajarán en colaboración con las autoridades y la sociedad en general para crear un entorno en el que “la violencia y la ilegalidad no tengan cabida”.
Cabe aclarar que han sido bares los que han cerraron sus puertas, tras ataques y afectaciones sufridas ante la negativa de pagar derecho de “piso” al crimen organizado.
Mientras la gobernadora de Quintana Roo asegura que la transformación llegó en su primer día de gobierno, se registra en la entidad 58 expedientes de investigación de extorsión 37 de estos fueron de Cancún.
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Las amenazas, registraron dos mil 487 este año, 403 denuncias más que el año pasado.
En Cancún el pasado fin de semana se registraron hechos de este tipo en el Bar Mens Club Olympus y Poseidón.
A principios del mes de septiembre, bares de Cancún han publicado avisos a través de sus redes sociales orillados a bajar la cortina, como es el caso de Las Canoas y El Ejecutivo, ante la inseguridad de la que fueron presa.
“Para nosotros la integridad de nuestros clientes y colaboradores es prioridad, es por eso que debido a la inseguridad que se viven en estos momentos en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo ‘El Ejecutivo Restaurante Bar’ cierra sus puertas hasta nuevo aviso”.
Ante tal problemática, en este mismo mes los diputados de Quintana Roo votaron a favor de una iniciativa de Hugo Alday, con la que se tipificó como delito el cobro de derecho de piso en el Caribe mexicano.
Dicha propuesta del diputado local del PT, contempla tres nuevas agravantes, que son las siguientes: cuando la víctima cumple con las demandas del extorsionador, cuando se lleva a cabo un cobro ilegal de cuota y cuando el extorsionador está armado o representa un peligro.
Por su parte, Eduardo Martínez, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el cobro del derecho de piso es un cáncer, ya que no puede ser que alguien que tome los riesgos de abrir un negocio, pequeño, mediano o grande tenga que lidiar con el crimen organizado.
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