Por su presunta participación en hechos posiblemente de fraude en perjuicio de una cadena hotelera, fueron aprehendidos por parte de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Interpol México, los extranjeros Paul “N” y Christy Lin “N”, en este municipio.
Los sucesos por los que al hombre, de nacionalidad estadounidense y alemana, y a la mujer estadounidense, les cumplimentaron la orden de aprehensión ocurrieron, cuando el 8 de agosto de 2023, la apoderada legal de una cadena hotelera, presentó una denuncia en su contra, ya que el 21 de noviembre de 2021 ambas partes celebraron un contrato de venta de derechos de afiliación, mediante el cual los investigados compraron una membresía para un club, que les daba beneficios como tarifas preferenciales en los productos y servicios de la empresa.
A través de dicho contrato, los señalados dejaron como garantía una tarjeta de crédito cuyo titular era Paul “N”, en la que se harían los cargos mensuales de la membresía.
Vía correo electrónico, la cadena hotelera recibió 13 notificaciones, entre el 31 de agosto y el 4 de noviembre de 2022, por parte de la institución bancaria que respaldaba la tarjeta de crédito dejada como garantía, en los que informaban la cancelación de 13 transacciones que habían sido realizadas por Paul “N”, por un total de 116 mil 587 dólares, que equivalían (en ese momento) a 2 millones 408 mil 291 pesos mexicanos, lo cual hizo de manera dolosa al no reconocer los cargos hechos a su tarjeta.
En cuanto a Christy Lin “N”, quien también firmó el contrato como usuaria de la membresía, además compartía en una página de la red social Facebook, mensajes en las que describía la forma en que cometieron el fraude en prejuicio del hotel.
Por dichas conductas, un Juez de Control giró orden de aprehensión para estas personas por el delito de fraude, misma que fue cumplimentada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando llegaban procedente del extranjero.
Luego de su detención, Paul “N” y Christy Lin “N” quedaron a disposición de la autoridad que los requirió; en el término constitucional previsto resolverán su situación jurídica.
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