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En respuesta a una demanda presentada por el gobierno mexicano en 2021, los fabricantes de armas estadounidenses están preparando una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La demanda busca responsabilizar a estas empresas de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera, supuestamente apoyando a los cárteles de la droga en México.
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La demanda sostiene que las empresas de armas socavaron las estrictas leyes mexicanas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de manera que sabían que beneficiaría a los cárteles de la droga. Se estima que más de 500 mil armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México, con un alto porcentaje fabricado por las ocho empresas incluidas en el caso, entre las que se encuentran Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
Contrabando contribuye a altas tasas de muertes relacionadas con armas
El gobierno mexicano argumenta que este contrabando ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con armas, disminución de la inversión y actividad económica, así como a un aumento en el gasto en seguridad pública. Sin embargo, las empresas niegan estas acusaciones.
El abogado de Smith & Wesson, Andrew Lelling, expresó durante una audiencia judicial virtual que existe una “posibilidad razonablemente buena” de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación. La apelación se centraría en determinar si los reclamos de México están protegidos por una ley federal sobre comercio de armas, conocida como PLCAA, que brinda una extensa protección a los fabricantes contra demandas por el uso indebido de sus productos.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictaminó el 22 de enero que la ley federal puede aplicarse a demandas de otros países, pero que el caso de México “alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA”.
El juez de distrito Dennis Saylor aún no ha tomado una decisión sobre la suspensión del caso, y se espera que lo haga el 12 de marzo.
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