El gran jurado especial que investigó la presunta injerencia electoral en Georgia recomendó imputar a por lo menos 39 personas, incluyendo al expresidente Donald Trump, pero finalmente, 21 de ellas fueron excluidas de la lista de acusados. Un juez del condado de Fulton hizo público el informe final del gran jurado, que consta de 26 páginas y detalla los nombres de las 21 personas que no fueron imputadas, entre ellas el senador republicano Lindsey Graham.
La fiscal Fani Willis anunció previamente la imputación de 19 personas por estar involucradas en el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Entre los imputados se encuentran algunos de los asesores más cercanos a Donald Trump, como su exabogado personal Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows. La imputación principal contra Trump es por violación de la ley estatal de asociación delictiva (RICO), que se utiliza para garantizar que los líderes de una asociación criminal rindan cuentas ante la Justicia.
Algunos nombres que inicialmente estaban en la lista del gran jurado, como el de Lindsey Graham, fueron excluidos en el proceso de imputación. El gran jurado investigó si Graham llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para revertir el resultado de las elecciones en 2020. Otras figuras prominentes que también fueron excluidas de la lista de imputados incluyen a los abogados de Donald Trump, Cleta Mitchell y Boris Epshteyn, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn y los exsenadores republicanos por Georgia David Perdue y Kelly Loeffler.
El caso de Georgia es uno de los cuatro procesos judiciales penales abiertos contra Donald Trump, y se centra en sus esfuerzos para influir en el resultado de las elecciones en ese estado.
El gran jurado especial de Georgia no puede emitir acusaciones criminales, pero tiene la facultad de exigir documentos y citar testigos bajo comparecencia judicial en un proceso que se desarrolla en secreto. El informe del gran jurado ofrece sus conclusiones y recomendaciones, pero la decisión final de presentar o no cargos recae en los fiscales.
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